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Clase Social y Redes de Poder en la Economía Política de la cocaína en Colombia Cover

Clase Social y Redes de Poder en la Economía Política de la cocaína en Colombia

Open Access
|May 2026

Full Article

1. Introducción

Mediante una exploración bibliográfica descriptiva propondremos un debate teórico y conceptual que invita a una reflexión crítica sobre los instrumentos que desde la literatura académica nos permita desarrollar las bases de un nuevo marco analítico para identificar y comprender algunas características fundamentales y componentes estructurales del fenómeno por todos conocido como narcotráfico. Realizamos un análisis cualitativo basado en una investigación documental donde revisamos (21) libros académicos, (13) artículos académicos y metodológicos, (3) informes de organismos internacionales; los cuales fueron seleccionados a partir de la exploración del estado del arte sobre el enfoque teórico-conceptual basado en la economía política.

Entendemos desde Corbetta (2007) que: “un documento es un material informativo sobre un determinado fenómeno social que existe con independencia de la acción del investigador. Por tanto, el documento es generado por los individuos o las instituciones para fines distintos de los de la investigación social, aunque ésta puede utilizarlo para sus propios fines cognitivos. […] El hecho de que estos documentos se generen independientemente de la acción del investigador comporta la ventaja clara, de que se trata de información ‘no reactiva’, es decir, que no se ve afectada por el acto de la investigación. Son documentos que, aunque ofrecen una visión particular de la realidad social, están libres de alteraciones debidas al acto de la investigación.” (Corbetta, 2007, p. 376)

Los estudios descriptivos y explicativos sobre las transformaciones del Estado en América Latina en su relación con la sociedad y la economía han abordado muchos análisis sobre el papel que juegan las organizaciones de narcotraficantes en la influencia o acción políticas dentro de los gobiernos. Aquí trabajaremos desde un enfoque crítico, interpretativo y aproximado a las categorías de “captura y reconfiguración cooptada del Estado” y “grupos de interés” (Garay, 2018), y sobre “las redes hegemónicas de poder” (Flores, 2020a) en la configuración estatal para fines ilícitos; proponiendo que es factible la consolidación de una nueva clase social capitalista que opera a manera de red y coalición transnacional, en el ejercicio de poder predatorio hegemónico desde el Estado.

Criticando los abordajes que estudian las transformaciones del Estado en los últimos años planteando que son meramente redes criminales transnacionales con influencia en el Estado, para proponer que estas organizaciones dedicadas a la gestión capitalista de economías llamadas ilícitas -poder económico- operan consiguiendo participación en el Estado -poder político-, obteniendo así una vía de consolidación que les otorga una condición como nueva clase social capitalista en el bloque hegemónico de poder.

Planteamos como problema que en todas las esferas (producción, distribución y consumo) (Buxton, 2006) del ciclo de la economía de la cocaína, se podría demostrar un redespliegue de la cadena regional de valor andino-amazónica y la consolidación de un sistema industrial de producción (Páez, 1991; Thoumi, 1995; O’Connor, 2009; Henderson, 2012; Emmerich, 2015) que se inserta en el régimen de acumulación capitalista global, a través del consumo.

La mayoría de la literatura refiere a la problemática como ‘el narcotráfico’, sin embargo, cuando hablamos de la economía política de la cocaína, lo hacemos en un intento conceptual de cuidarnos de “las trampas intelectuales y políticas de ‘hablar como un Estado’ –es decir, de adoptar las categorías o caracterizaciones de lo ilícito desplegadas por los organismos policiales y regulatorios – para poder pensar adecuadamente sobre dichos flujos.” (Gootenberg, 2005, p. 2)

Por esa razón, la presente investigación hace una caracterización del narcotráfico con una perspectiva desde la economía política, considerándola un enfoque de análisis central para la comprensión del fenómeno, pues afirmamos desde Emmerich (2015) que el narcotráfico no solo genera dinero, sino también capital; no se limita a ser un simple negocio, sino que constituye una industria. Se trata de una compleja relación social de dominación, más que meramente una actividad comercial ilegal (Emmerich, 2015, p. 20).

Todas estas reflexiones tienen que ver con asuntos urgentes alrededor de la situación problemática y del fracaso de las políticas de Guerra Mundial contra las Drogas en el mundo, a través de asuntos que se proponen como, por ejemplo: ¿Por qué después de tantos años de la política de Guerra contra las Drogas los resultados son infructuosos? ¿Por qué a pesar del Intervencionismo durante tantos años por parte de Estados Unidos en Colombia, esta se convirtió hacia el año 2025 en el mayor productor mundial de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína en el mundo?

En ese sentido, la delimitación del espacio territorial que define y justifica ese abordaje, es Colombia, por ser el principal productor mundial de hoja de coca y el principal exportador de cocaína, inclusive después de la implementación del Plan Colombia -1999- y del plan Paz Colombia -2016-, es decir, después de los Acuerdos de La Habana. (Véase el Resumen Ejecutivo 2023 de “Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Coca” del Ministerio de Justicia y el Derecho Colombia y ONUDC Research).

El texto está orientado de la siguiente manera, en primer lugar, nos aproximamos al fenómeno del narcotráfico desde un análisis conceptual y teórico arraigado en la economía política, un poco tratando de desentrañar la complejidad de la economía de la cocaína. Este enfoque permite una comprensión más profunda de las dinámicas en juego, destacando la interacción entre factores económicos, políticos y sociales. En segundo lugar, se examina el paso de redes de poder y cooptación/captura del Estado a clase social capitalista de la cocaína; con críticas generales desde los conceptos de captura, cooptación y de redes de poder hegemónico, desde luego en función de la comprensión de las características del Estado en esa nueva realidad planteada. Por último y, en tercer lugar, abarcando tendencias y debates contemporáneos, se presenta una propuesta de debate académico acerca de la discusión general sobre clase social, especialmente en el contexto de la expansión de la economía de la cocaína en el siglo XXI.

2. Enfoque Analítico Desde la Economía Política Sobre el Narcotráfico: La Economía Política de la Cocaína

Este acápite se centra en los elementos teóricos y conceptuales de lo que denominamos economía política de la cocaína; su desarrollo, evolución, con una perspectiva crítica frente a lo que conocemos como Guerra Mundial contra las Drogas; con aquello daremos paso al análisis de las tendencias y debates contemporáneos a nivel global desde una perspectiva colombiana y andina con relación a la economía de la cocaína.

Los límites conceptuales en la realidad empírica de este fenómeno se distinguen por dos características fundamentales que prevalecen para su comprensión: la complejidad, el y la mutabilidad. Se trata de un ‘sistema complejo’ en la perspectiva de García (2011) y, sin embargo, podría decirse que también es un fenómeno sobre diagnosticado. Aquí asumimos una posición pragmática que pretende alcanzar el objetivo de superar dos desafíos principales: por un lado, la ‘infoxicación’ causada por la abundancia de datos dispersos y, por otro, la falta de información cuantitativa confiable.

Se adopta una perspectiva cualitativa, en palabras de Katayama (2014): “La investigación cualitativa comprende un conjunto de diversas estrategias y acercamientos al estudio del mundo social o humano en sus aspectos simbólicos y por tanto no másico o cuantificables […] El objeto de estudio sociológico es la sociedad con propiedades sistémicas no lineales, y estas propiedades son, más bien, aditivas y emergentes. El objetivo del investigador social es identificar lo socialmente latente y sus estructuras. Por otro lado, ontológicamente, supone que lo social es: 1. Compuesto de estructuras dinámicas. 2. Posee propiedades emergentes. 3. Holístico. 4. Hologramático.” (Katayama, 2014, p. 37)

En América Latina el término metodología es polisémico (Cortés, 2015, p. 182); el profesor Cortés (2015) plantea que hasta fines de los años sesenta la metodología era equivalente a técnicas de encuesta. En los años setenta y parte de los ochenta se redefinió por la preocupación por comprender ‘el cambio estructural’, finalmente en las últimas décadas, “se ha observado una tendencia a limitar la metodología a un conjunto de herramientas y técnicas de investigación, y a discutir conceptos desprendidos de sus cuerpos teóricos, ocultando así la diversidad de enfoques y propuestas políticas.” (Cortés, 2015, p. 181)

Uno de los asuntos aparentemente limitantes desde el punto de vista de la metodología de investigación, es el reclamo de que lo conceptual es insuficiente, asumiendo que solo los datos empíricos validan un argumento, ignorando que muchos fenómenos económicos, políticos o sociales (como la consolidación de una clase social) son también construcciones teóricas cuya naturaleza no es directamente observable pues se analizan desde marcos conceptuales, no solamente desde mediciones cuantitativas.

Consideramos de manera crítica que la exigencia empírica inmediata puede ser reduccionista y que, en este caso, una alternativa en función de la evidencia conceptual es el marco histórico y social. De momento, exigir datos sobre ‘una nueva clase social’ sin definirla conceptualmente, llevaría a mediciones arbitrarias. Incluso si se añadieran estudios de caso, estos podrían ser selectivos e insuficientes para dimensionar esa realidad. Por eso sin ser pretensioso, se propone que en lugar de descartar lo conceptual, podría exigirse una articulación explícita entre teoría y posibles rutas de validación empírica, así el marco conceptual guiaría la búsqueda de evidencia, no al revés.

La demanda de datos empíricos en esta investigación es un falso dilema, dado que ignora que lo conceptual estructura lo observable. Un argumento se fortalece no solo añadiendo datos, sino precisando sus fundamentos teóricos y mostrando cómo estos podrían traducirse en una línea de investigación. La acumulación de riqueza es un indicador, pero si la investigación es sobre economía política de la cocaína, debe debatirse primero qué significa ese planteamiento.

Cortés (2015) critica que en el campo de la metodología en ciencias sociales predomine un enfoque que construye teorías basándose directamente en indicadores y datos, como si estos fueran objetivos y neutrales. Señala que, al priorizar técnicas para ‘hacer hablar los datos’, se mantiene la falsa apariencia de neutralidad y se revive la idea equivocada de que los datos son algo ‘dado’ (Cortés, 2015, p. 196). “La elección de las variables, así como el tratamiento que se da a los datos, están influidos por decisiones que toma el investigador. Aunque profese y aplique criterios de ‘objetividad’, sus resultados variarán de acuerdo con las opciones que seleccionó. ¿Por qué elegir la variable ingreso para hacer observable el concepto de clase social? ¿Por qué no el gasto? ¿La posesión de automóvil? ¿La posición en la ocupación? ¿El nivel educativo? Una vez que el investigador ha seleccionado una o más variables, ¿qué tratamiento les dará?” (Cortés, 2015, p. 198)

Por ejemplo, la característica axial en la economía de la cocaína es el subregistro, dado que es muy difícil determinar con precisión, en un momento específico, con unas cifras exactas o contar con evidencia clara que respalde datos rigurosos lo que sucede en esa economía; y como en otros mercados de productos de origen agrícola conocer con precisión econométrica sus tendencias globales. Esto se debe a múltiples factores: como las grandes cantidades involucradas, la opacidad en los movimientos de mercancías debido a su naturaleza ilícita, y la falta de claridad entre lo que logra ingresar a los mercados y lo que es incautado. Además, no todas las incautaciones son destruidas; algunas presumiblemente reingresan a los circuitos de distribución, entre muchas otras variables. Otro aspecto problemático, multidimensional, sistémico, complejo y mutable, es el lavado de activos.

El capitalismo es el objeto de estudio central de la economía política, cuando hablamos de economía política de la cocaína nos referimos a un territorio y campo de análisis de los aspectos económicos y políticos relacionados con la producción, distribución y consumo de cocaína; así como de las políticas que se han diseñado para regular este sector productivo y económico. La economía política de la cocaína analiza no solo el comercio o el mercado sino también las estructuras de poder, también factores como la desigualdad estructural, la pobreza rural, la movilidad social campesina cocalera y la demanda global que impulsan la producción de clorhidrato de cocaína.

Un estudio recientemente publicado (2024) del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas -CEDE-CESED- de la Universidad de Los Andes, titulado: “Crecimiento Local Basado en la Coca y Su Impacto Socioeconómico en Colombia”, demostraría que la producción de hoja de coca tiene un efecto multiplicador en el PIB local. La investigación revela que la economía campesina cocalera funciona como un dinamizador de las actividades productivas y comerciales, conllevando a una transformación integral alterando también los patrones de consumo y producción de poblaciones y territorios en general, al punto de servir en el contexto específico de la economía campesina cocalera, como vía de movilidad social. (Marín et al., 2024, p. 3)

La economía de la cocaína hace parte inherente del sistema capitalista y su búsqueda de concentración y acumulación de capital. Saito (2022) plantea que la crisis ambiental actual, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, son consecuencias directas de las lógicas extractivista y productivista del capitalismo. (Saito, 2022) La economía de la cocaína se ha expandido conforme a la expansión del mismo sistema capitalista global, también conllevando a la necesidad de proponer un marco de análisis que esté basado en un modelo de cambio sistémico del metabolismo social y su relación con la naturaleza (Martínez y Roca, 2015, p. 24; Barkin et al., 2012), esto es, el seguimiento de los flujos de energía y materiales en la economía humana, sobre todo con un enfoque en conocer y evaluar la (in)sustentabilidad ecológica de la economía de la cocaína. (Vélez, 2025) Este tema lo hemos desarrollado en otro texto de esta agenda de investigación conocido como: “Los puntos ciegos de la economía neoclásica en la economía política de la cocaína del siglo XXI.” (Vélez, 2025)

Desde la economía política rastreamos trabajos, por ejemplo el que en 1993 aparece en Bolivia compilado por Roberto Laserna: “Lecturas Latinoamericanas en Economía Política de las Drogas”, con doce estudios sobre aspectos conceptuales principalmente, siendo uno de los más llamativos el artículo del autor colombiano Rodrigo Uprimny, intitulado: “En busca de un ‘narco’ teórico: elementos para una economía política del narcotráfico como forma específica de mercado y acumulación”, donde se expone entre otros aspectos, que existe una “falta de reflexión teórica” y que “debido a la carencia teórica hemos terminado asimilando acríticamente las concepciones dominantes” (Uprimny, 1993, p. 13).

En el trabajo: “En busca de un ‘narco’ teórico […]” Uprimny (1993) atina cuando plantea que es necesario avanzar en la “construcción de una economía política del narcotráfico” (Uprimny, 1993, p. 13). Sin embargo, en parte la dificultad del estudio es que seguimos usando las expresiones y cuesta salirse del discurso convencional que usa las palabras y adjetivos: ‘narcotráfico’ o ‘narcoestado’. La falta de reflexión teórica y conceptual nos lleva a asumir una postura académica acrítica y sin distancia de discursos intelectuales y políticos que adoptan las posturas, categorías o caracterizaciones de lo ilícito desarrolladas por los gobiernos, los Estados y los organismos internacionales. (Gootenberg, 2005, p. 2)

Sin duda, estamos haciendo énfasis en la economía política como enfoque metodológico y como área de estudio, rescatando de la realidad epistémica aquellos referentes, aplicados al análisis del fenómeno de las drogas. Es un idóneo clásico el trabajo: “La economía política del narcotráfico, el caso ecuatoriano”, de los autores Bruce Bagley, Adrián Bonilla y Alexei Páez en 1991. Más tarde en el 2002, también aparece: “La economía política de las drogas ilegales en los Andes” del profesor Francisco Thoumi. Posteriormente aparece la: “Economía política de las drogas en la frontera norte ecuatoriana,” (Vélez, 2019), que trata sobre la zona de mayor producción y flujos transfronterizos de cocaína del mundo.

La profesora Estefanía Ciro (2018) realiza una crítica a la política prohibicionista de drogas, aportando argumentos como el riesgo al que se ven sometidos los consumidores y en situaciones de vulnerabilidad, maltrato, las formas desiguales de acceso y uso de la tierra en el sur de Colombia, la creación de incentivos para la destrucción de selvas o bosques de toda la Amazonia colombiana y la dependencia económica a diversas poblaciones de cultivadores de plantas como coca o amapola. Sumado a esto, los daños sociales de la violencia en la salud y el despojo de tierras. La autora resalta que la economía de las drogas suele asumirse como una actividad externa al capitalismo, sin embargo, argumenta que, las dinámicas propias del narcotráfico son en realidad una actividad meramente capitalista.

Tal vez por su carácter ilegal, la economía de las drogas suele asumirse como una actividad externa al sistema capitalista, anexa a las dinámicas del capital y no como –lo que realmente es– una actividad económica central para la reproducción del capital y para la superación de las contradicciones del propio sistema en el siglo XXI. (Ciro, 2018, p. 287)

Menciona Miño (1990) refiriéndose al caso ecuatoriano que:

La inversión de los capitales del tráfico de drogas asume las características de una operación de una empresa capitalista normal, cuya inversión se realiza en actividades económicas más rentables o de punta, como bancos, empresas de seguros, haciendas de producción agroindustrial, financieras, etc. Por lo tanto, la distribución de los narcodólares es sumamente diversificada dentro de la economía formal y utiliza diferentes tipos de vías o canales de entrada. (Miño, 1990, p. 208).

En este sentido lo menciona Henderson (2012) así:

Las industrias de la cocaína y de la marihuana en Colombia fueron empresas capitalistas por excelencia, que disfrutaron de un crecimiento explosivo, alimentado por una demanda tan poderosa que era inocultable. A este respecto, son ejemplos ideales de la dinámica de la oferta y la demanda que caracteriza al capitalismo de mercado (Henderson, 2012, p. 74).

Otros como Estrada y Moreno (2008) caracterizan lo anterior como un ‘capitalismo criminal’. (Estrada y Moreno et al, 2008). “El tráfico de cocaína, tal como se lo practicó en Colombia durante más de tres décadas, fue la manifestación más extrema del capitalismo salvaje” (Henderson, 2012, p. 341). En este caso se ha usado también la expresión: “empresarios de la cocaína”. (Palacio, G. y Rojas, F. 1989)

El profesor Daniel Pontón (2013) en su trabajo “Economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina” (Pontón, 2013) analiza el comportamiento de la economía del tránsito de drogas en Latinoamérica y su relevancia en la delincuencia de la región, el autor argumenta que para lograr la comprensión económica del narcotráfico es necesario estudiar las variaciones de oferta y demanda de los productos y su impacto en la criminalidad con el propósito de desestructurar creencias alrededor de esta economía, establecer un nuevo marco metodológico para el diseño de políticas que se adapten a las capacidades estatales, novedades y cambios de la economía mundial del narcotráfico. Es uno de los autores que observa el narcotráfico como una economía, no con el adjetivo de criminal como lo hace Estrada (2016), y, sin embargo, no se sale del mismo marco categorial de análisis tradicional.

Por ejemplo, Galindo (2005) a partir de estudiar diferentes efectos históricos en la economía criminal como la fase superior del imperialismo, argumenta que la economía criminal fue estimulada por la gran crisis del capitalismo y en la actualidad se encuentra consolidada, convirtiendo la economía en una dimensión estructural del capitalismo globalizado del siglo XXI. (Galindo, 2005)

Hay una postura crítica con trabajos como el del profesor Jairo Estrada (2016) en el que el tema de la economía de las drogas se trata como un ‘capitalismo criminal’. (Estrada, 2016) Este realiza una aproximación teórica a las nuevas expresiones del capitalismo contemporáneo, enfocado en sus configuraciones criminales, analizadas desde el marco conceptual de la teoría marxista de la acumulación, como pieza fundamental para entender las nuevas formas de capitalismo. (Estrada, 2016)

La manera prevaleciente de la forma de acumulación capitalista en Colombia en el marco del conflicto ha sido la de la violencia y el despojo y su principal resultado histórico es la de una de las sociedades más desiguales del mundo, caracterizada por una altísima concentración de la riqueza y de la propiedad, que actualmente está en manos de unos pocos poderes financieros corporativos (Estrada, 2016, p. 7) a la vez que cuenta con uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo: la economía de la cocaína.

En ese contexto, la economía de la cocaína en Colombia se desarrolló hasta el punto de llegar a convertirse en el principal factor de intervención de los Estados Unidos a través de diferentes estrategias conocidas como la del Plan Colombia. Es decir, Colombia es uno de los principales socios de los Estados Unidos, pero a su vez, es el país que cuenta con el principal problema para la política exterior norteamericana hacia Latinoamérica: el narcotráfico.

El capitalismo es el objeto de estudio central y clásico de la economía política; cuando hablamos de economía política de la cocaína nos referimos a un sistema económico dinámico basado en la propiedad privada, la acumulación de capital, las relaciones desiguales de intercambio en los mercados, la explotación de la fuerza de trabajo y la sobreexplotación de la naturaleza. La economía política de la cocaína aquí entiende que el capitalismo reproduce patrones específicos de producción, distribución y consumo que impactan directamente en la distribución de recursos, concentración del poder y que además se enmarca en una Guerra contra las Drogas que consideramos ecológicamente insostenible.

Nuestra perspectiva (Ver Gráfico 1) de economía política de la cocaína EPC, es crítica de los conceptos de narcotráfico y crimen organizado, pues conciben esta economía en las márgenes del capitalismo, como si fuera un rasgo disfuncional o una deficiencia del capitalismo; la EPC considera que se trata de una economía que no se sitúa en las márgenes del capitalismo sino en el núcleo duro.

Gráfico 1

Propuesta Teórica de la EPC.

Elaboración propia.

3. De la Formación de Redes de Poder y la Cooptación del Estado, Hacia el Surgimiento de una Clase Social

Las “redes de poder hegemónico” (Flores, 2020a) son estructuras sociales que permiten a ciertos grupos dominar y controlar los recursos, las decisiones y las relaciones sociales. Estas redes pueden ser formales o informales, y su existencia puede tener consecuencias significativas para la distribución del poder y los recursos en una sociedad.

El término ‘reconfiguración cooptada del Estado’ implica en su propia semántica que existen actores esencialmente diferenciables -la delincuencia y los oficiales del Estado- y que son los primeros o una alianza entre aquellos y los segundos los que alteran el funcionamiento del Estado que originalmente era, en general, probo y funcionaba de acuerdo con los criterios formales de procuración del bien común y la aplicación igualitaria de sus propias normas regulativas. (Flores, 2020a, p. 69–70)

Las implicaciones de la Captura del Estado se reflejan en los resultados económicos de las empresas y en la economía en general. De esta manera, se ha encontrado que, en países con altos niveles de Captura del Estado, las empresas captoras registran crecimientos superiores -hasta el doble- a los crecimientos de las demás empresas. No obstante, el costo económico de la Captura del Estado es también elevado para las empresas captoras pues, aunque registran ventajas en crecimiento individual, el crecimiento agregado del sector en el que participan resulta inferior -incluso hasta en la mitad- que el registrado en economías con bajos niveles de Captura del Estado (Garay, 2018, p. 47).

Las redes criminales que capturan el Estado son un problema grave en muchas sociedades. Estas redes, formadas por delincuentes organizados y funcionarios corruptos, trabajan juntos para controlar el poder y los recursos. Como resultado, estas redes pueden comprometer la democracia, el Estado Social de Derecho, los derechos humanos, y socavar la confianza en las instituciones del Estado.

Estas redes hegemónicas de poder son, en palabras simples, las que definen y comandan las instituciones del Estado y obtienen de ello un beneficio mayor que el resto de los ciudadanos, no sólo en términos de un salario público —no todos sus integrantes son burócratas del Estado—, sino de acumulación general de recursos. No son el Estado en sentido estructural o ideal-institucional, pero no es posible entender a cabalidad al Estado y su operación efectiva sin incluirlas en el análisis, más aún ahí donde las instituciones del Estado parecen más estrechamente relacionadas con sus definiciones y directrices. Son esas redes hegemónicas de poder o sus descendientes las que han articulado históricamente y dan continuidad a ese entramado de relaciones institucionalizadas basadas en la coerción que entendemos por Estado. Son ellas las que se encuentran en condiciones para llevar a cabo una configuración normativa y funcional de las estructuras del Estado. Estas redes se convierten en hegemónicas debido a su participación directa en procesos de formación o consolidación del Estado. O bien, a partir de eventos políticos de gran significación que implican definiciones fundacionales o refundacionales sobre la comunidad que integra al Estado, su entramado institucional e incluso ajustes económicos de gran profundidad (Flores, 2020a, p. 63–64).

Diferenciar el carácter y las formas de actuación son parte de este trabajo. Otorgarles el carácter de red a las organizaciones narcotraficantes, pasa por confundir sus medios y fines estratégicos de actuación. Luego, ¿sino son una red entonces que son? Esa definición ontológica es fundamental para avanzar en la comprensión de la realidad, que valga decir, es altamente mutable, esto es, que no es lo mismo el narcotráfico de los años 90, y que su carácter y formas de actuación cambiaron de manera sustancial hacia el 2025.

Dice el profesor Flores que: “Estas redes se convierten en hegemónicas debido a su participación directa en procesos de formación o consolidación del Estado. O bien, a partir de eventos políticos de gran significación que implican definiciones fundacionales o refundacionales” (Flores, 2020a, p. 64). La discusión antagónica aquí planteada, es que cuando estas redes se convierten en hegemónicas, -y en esto tocaría hacer énfasis-, cuando participan en “procesos de formación o consolidación del Estado” (Flores, 2020a, p. 64); las mencionadas redes sufren una mutación que las conduciría a la consolidación de una nueva clase social dentro del bloque hegemónico de elites en el poder.

Desde Garay (2018) se asume aquí también la noción de “cooptación” “como aquel proceso tendiente a modificar el régimen desde el interior del régimen mismo” (Garay, 2018, p. 21). Igualmente menciona Garay (2018) que se trata de “grupos de interés de influencia multi-regional.” (Garay, 2018, p. 47) Aquí diríamos transnacional y global. Inclusive también el profesor demuestra que: “los partidos políticos se convierten en la plataforma para las primeras etapas de la Captura del Estado, es decir, para que grupos de interés, legales e ilegales, ingresen a la maquinaria estatal.” (Garay, 2018, p. 79)

Como decíamos, en la economía de la cocaína, que abarca la producción, distribución y consumo, se evidencia un redespliegue de la cadena regional de valor andino-amazónica y la consolidación de un sistema industrial de la economía de la cocaína; nos aproximamos a las características metodológicas y epistémicas de una nueva fase de desarrollo capitalista y de una economía global de la cocaína en el siglo XXI.

Esta novedosa condición permitiría observar y explicar otra fase diferente del ciclo de reproducción y acumulación capitalista, es decir, revelando el surgimiento de una nueva clase social; el advenimiento de esa situación se relaciona con las características estatales e institucionales que han sido funcionales a la economía de la cocaína. El objetivo de este debate es analizar la relación entre la movilidad social y la economía capitalista de la cocaína, pues se propone la hipótesis de que, en medio de crecientes niveles de desigualdad y expansión de la economía de la cocaína, podría surgir una movilidad social exclusiva del llamado narcotráfico. (Thoumi, 1995, p. 156). También la profesora Estefanía Ciro (2018) para describir el problema de apropiación y acaparamiento de tierras habla de una narcoburguesía (Ciro, 2018, p. 290).

Las instituciones políticas definen cómo se agregan y representan los intereses y recursos de poder de los actores; las políticas en parte se consiguen en las ideas y en los intereses que contienen la capacidad de generar poder concreto y de alcance material como las instituciones políticas y es allí donde se pueden identificar estructuras de dominación que consiguen su reproducción en la articulación de fuerzas sociales, a través de redes de parentesco extendidas, entre otras; condensan en el ejercicio el poder materialmente en las relaciones, fracciones y la constitución de bloque de clase social, que, en el Estado, logran relaciones de reproducción social hegemónica; acomodándose de manera pragmática, apareciendo en coyunturas críticas específicas. Las instituciones políticas, no son pasivas o neutras, sino que actúan en función de conseguir la protección y reproducción de los intereses capitalistas.

La sociología histórica del Estado de Charles Tilly enfatiza que:

El argumento simplificado destaca la interdependencia entre la guerra y la creación de Estados, así como la analogía entre ambos procesos y lo que, cuando es menos exitoso y de menor escala, llamamos crimen organizado. Afirmaré que la guerra crea Estados. El bandolerismo, la piratería, la rivalidad entre bandas, la vigilancia policial y la guerra pertenecen al mismo continuo, lo cual también afirmaré. Durante el período históricamente limitado en el que los Estados nacionales se convirtieron en las organizaciones dominantes en los países occidentales, también afirmaré que el capitalismo mercantil y la construcción del Estado se reforzaron mutuamente (Tilly, 1985, p. 170).

La economía política del Estado, que lo estudia desde su medio específico, demuestra que todo tipo de Estado funciona como la organización criminal más sofisticada, como una máquina extractiva de recursos a la sociedad y que va más allá de su definición como un sistema de normas coactivas. Esto es, que aquí comprendemos la realización de la economía de la cocaína, solo dentro de la reflexión de que esta es posible gracias a que es un elemento central, nuclear y nunca periférico o marginal del Estado contemporáneo en la América Latina del siglo XXI.

En ese orden de ideas, no es el Estado como tal el que ejerce el poder, sino las fuerzas sociales y el equilibrio de fuerzas que en coyunturas críticas específicas aparecen ostentando y ejerciendo el poder, lo cual, demuestra que, el Estado no actúa de manera independiente, sino que es comprensible desde la relación de reproducción social hegemónica de clase.

Para Flores (2020a) también hay una perspectiva parecida, pues critica a quienes han adoptado el concepto de ‘márgenes del Estado’ para analizar distintos aspectos de la ilegalidad y el crimen organizado. Dice Flores (2020a) que, al utilizar este concepto, se distancian de otros enfoques teóricos que consideran la ilegalidad y el crimen organizado como rasgos ‘disfuncionales’ o deficiencias del Estado; para el profesor Flores éstas no se sitúan en las ‘márgenes del Estado’. Por el contrario, reflejan el núcleo mismo del Estado y por eso propone dos conceptos de interpretación: el concepto de “red de poder hegemónico” (Flores, 2020a, p. 28) que se refiere a las personas que comandan las instituciones estatales y su regulación formal e informal. También, la “configuración institucional para fines ilícitos”, que se refiere a la designación de funcionarios públicos y su operación dentro de las instituciones para proteger las prácticas ilícitas de interés de la red de poder hegemónico. (Flores, 2020a, p. 67)

El profesor Flores observa que:

En Colombia, el concepto de la reconfiguración cooptada del Estado se desarrolló, sobre todo, a la luz del proceso de alianza entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con actores políticos locales y nacionales en el proceso que ha sido designado como la parapolítica, ocurrido a mediados de la primera década del siglo XXI. Esta alianza intentaba controlar circuitos institucionales para beneficiar sus intereses políticos, económicos e incluso delictivos, dada la participación de diversos bloques de las AUC en el tráfico de drogas” (Flores, 2020a, p. 70).

4. El Debate Sobre Clase Social en Colombia en el Marco de la Expansión de la Economía de la Cocaína

Desde la economía política de la cocaína surgiría un debate crucial en la esfera socioeconómica; una polémica discusión acerca del posible surgimiento de una nueva clase social capitalista vinculada a la economía de la cocaína. A medida que las redes de narcotraficantes crecen en alcances y complejidades, se podría argumentar que, en medio de los problemas estructurales de los países andinos como la informalidad y la desigualdad, se está configurando una élite económica que desafía las nociones tradicionales de clase o estratificación social, propiciando que estos grupos socioeconómicos sean más que grupos mafiosos o criminales.

El surgimiento en suposición, de una clase social capitalista se relaciona con la capacidad del narcotráfico para permear las estructuras políticas y económicas de una sociedad. La corrupción, la intimidación y la infiltración en instituciones claves pueden facilitar la acumulación de capital por parte de aquellos involucrados en la economía política de la cocaína, conocida como narcotráfico. Así, se plantea la posibilidad de que esta clase social esté adquiriendo una influencia equiparable a la de las élites económicas tradicionales.

No obstante, este debate no está exento de críticas y cuestionamientos. Algunos sostienen que el narcotráfico, lejos de generar una nueva clase social capitalista, simplemente perpetúa la desigualdad existente. Argumentan que los beneficios económicos derivados de la economía de la cocaína suelen concentrarse en unas pocas manos, sin que esto necesariamente implique la formación de una nueva clase social con características distintivas.

Sin embargo, dice Thoumi (1995) que:

Uno de los principales objetivos de los empresarios ilegales de la industria de drogas psicoactivas es asimilarse a la sociedad colombiana para proteger y legitimar sus propiedades, legalizar al menos parte de su riqueza, obtener un estatus económico y un reconocimiento social comparables a los de otros colombianos ricos, participar activamente en el proceso político y acceder a cargos públicos. Para lograr sus objetivos, han establecido relaciones con instituciones políticas y económicas, organizaciones gubernamentales encargadas de la formulación de políticas y la aplicación de la ley, y otros grupos sociales como las guerrillas o los paramilitares. Estas relaciones han forjado una ‘red clandestina’ de miembros del gobierno, políticos, abogados, químicos, banqueros, militares y otros.

Diversos grupos relacionados con la cocaína han otorgado diferente importancia a sus objetivos de asimilación y han utilizado distintos medios para alcanzarlos. Algunos han hecho hincapié en la legalización de sus activos, mientras que otros han intentado obtener poder político y reconocimiento social; algunos han optado por la confrontación y el uso generalizado de la fuerza contra el establishment, mientras que otros han seguido un enfoque más discreto, utilizando su riqueza para ganarse el favor de políticos, clérigos, líderes militares y otros miembros relevantes del establishment (Thoumi, 1995, p. 156–157).

El debate sobre el surgimiento de una nueva clase social capitalista con el narcotráfico como su motor económico subyacente es complejo y polifacético. La intersección entre la ilegalidad y la economía y la influencia social plantea preguntas fundamentales sobre la dinámica de poder en nuestras sociedades. El desafío radica en comprender hasta qué punto la economía de la cocaína realmente está transformando las estructuras sociales y económicas, y cómo la sociedad puede abordar este fenómeno de manera más comprensiva y estructural.

En este trabajo tenemos entre otras, la hipótesis de que, señalando los crecientes niveles de desigualdad y la expansión de la economía de la cocaína, sumado a conjugar la obtención del poder político, se formaría y surgiría una clase social diferenciada que comparte estilos de vida, identidades, redes sociales, culturales y políticas. (Savage, 2015)

Sin que del todo alcancemos a dar respuestas, la pregunta que nos realizamos es: ¿Cuáles son las características de la consolidación de una nueva clase social capitalista de la economía de la cocaína? Esto pasa por la hipótesis de que las organizaciones narcotraficantes no son redes criminales transnacionales con influencia en el Estado, sino que estas organizaciones dedicadas a la gestión de economías llamadas ilícitas, que operan y actúan a manera de red consiguiendo el poder político en el Estado; obtienen una vía de consolidación desde el núcleo que les otorga la condición de nueva clase social capitalista en el bloque hegemónico de poder. Entonces, el reto pasa por determinar las condiciones que permiten conceptualizar la consolidación de una nueva clase social capitalista que opera a manera de red criminal y coalición transnacional, mediante el poder predatorio hegemónico del Estado.

Lo anterior siguiendo al profesor Savage (2015): “¿Podemos identificar clases sociales diferenciadas que compartan estilos de vida, identidades, redes sociales y orientaciones políticas comunes, así como niveles de ingresos y riqueza?” (Savage, 2015, p. 1). El planteamiento está en señalar, cómo la economía de la cocaína en su expansión y desarrollo conlleva a transformaciones en las clases sociales, mediante una “fractura y movilidad social”. (Savage, 2015)

También siguiendo a Savage (2015) en América Latina las clases sociales se están rehaciendo y las diferencias entre clase media y la clase trabajadora, ha sido superada y en su lugar hemos pasado a un orden de clases más jerárquico que diferencia la cima, la élite de la riqueza, de la base, llamada el precariado que consiste en personas que luchan por salir adelante día a día. (Savage, 2015, p. 6)

Centrados en aspectos económicos, culturales y políticos, también mirando la expansión de las desigualdades económicas y las divisiones de clase. Se identifica el surgimiento de una clase social de la economía de la cocaína como una “fractura social” (Savage, 2015) que nos permite entre otras cosas, comprender las dificultades y barreras a la movilidad social en Colombia y América Latina.

Nos aproximamos a lo que en su momento para el caso colombiano expresó el profesor Estrada (2016), así: “la tendencia del desarrollo capitalista en nuestro país ha estado asociada a la consolidación y al despliegue de las más variadas formas del capitalismo criminal; en especial, a aquellas que se derivan del negocio transnacional de la cocaína. La acumulación de capital en torno a ese negocio se constituyó en una de las claves para la comprensión tanto de los procesos de acumulación en general, como de las configuraciones del régimen político y sociocultural durante las últimas décadas; y, sobre todo, para un entendimiento del actual ciclo de violencia capitalista del país” (Estrada, 2016, p. 9).

Colombia es uno de los países más desiguales del planeta (PNUD, 2023; Banco Mundial, 2021) y esos niveles crecientes de desigualdad están rehaciendo las clases sociales en la actualidad (Savage, 2015). Para el caso de Colombia es conocida la metodología para clasificar la población por clases sociales: “las cuales dependen de determinados umbrales de ingreso per cápita mensual, que se define como la suma de todos los ingresos de los miembros del hogar en un mes dividido por el número de miembros” (PNUD, 2023, p. 44). Según lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (DANE, 2021) clasifica la población por clases sociales así: clase pobre extrema y clase pobre moderada que reúne un 39% de la población, clase vulnerable, clase media y clase alta, siendo la última conformada solamente por el 2% de la población. (PNUD, 2023, p. 44)

En este trabajo no nos centraremos en señalar los crecientes niveles de desigualdad, sino en cómo la expansión de la economía de la cocaína conlleva conjugado con la obtención del poder político, a la formación y surgimiento de una clase social diferenciada que comparte estilos de vida, identidades, redes sociales, culturales y políticas. (Savage, 2015)

Solo en este caso podemos hablar de «clase para sí misma» (es decir, clase compuesta por personas con conciencia de clase), en lugar de «clase en sí misma» (es decir, clase como grupo social), por utilizar la expresión de Karl Marx. […] sostenemos que las clases se están reestructurando de manera fundamental. Lejos de las diferencias tradicionales entre la clase media y la clase trabajadora, hemos avanzado hacia un orden de clases más jerárquico en lo que respecta a la diferenciación entre la cima (a la que llamamos «la élite rica») y la base (a la que llamamos «el precariado», que está compuesto por personas que luchan por sobrevivir día a día), pero más difuso y complejo en sus capas intermedias (Savage, 2015, p. 6).

Y sin salirnos en todo caso de la línea trazada por Marx cuando plantea que el factor para definir la clase social es antes que nada su posición determinante ante los medios de producción (Marx, 2005, p. 1005). Esto es, generando una distancia conceptual con la definición de clase social de Max Weber (2002) que la ubica más en su posición determinante frente al mercado; en esta concepción la ‘situación de clase’ depende de las oportunidades de vida vinculadas a los bienes, capacidades laborales y posición en el mercado mientras que, “la clase social corresponde a un conjunto de situaciones de clase, pero por su movilidad social inter e intrageneracional se acercan a un estamento.” (Cortés, 2015, p. 198)

Por otro lado, el funcionalismo estructural reemplaza el concepto de clase por el de estrato; la posición social depende de la importancia funcional de los roles ocupacionales; erráticamente reemplaza las clases sociales por estratos funcionales. (Cortés, 2015, p. 198)

Mientras Marx enfatiza la división binaria clásica basada en la propiedad, esto es, que la sociedad capitalista se estructura en dos clases fundamentales: la burguesía (dueña de los medios de producción) y el proletariado (que solo posee su fuerza de trabajo). Sin embargo, también Marx reconoce mediante el análisis de la plusvalía, que el capitalismo genera trabajadores para asegurar la circulación del capital como lo son los gerentes, supervisores, servidores públicos, trabajadores de finanzas, entre otros. (Cortés, 2015, p. 198)

Las visiones convencionales y hegemónicas son criticadas por la perspectiva aquí trabajada, proponiendo como decimos, que existen fracturas sociales en las cúspides y las capas más altas de la sociedad en el caso de América Latina, que nos permite comprender la movilidad social desde la perspectiva de la economía política de la cocaína. En un sentido marxista, entendemos la dimensión conceptual y analítica de clase social, como la propia posición frente a los medios de producción y a la sociedad burguesa contemporánea. Distanciándose del sentido de clase social en Max Weber (2002) que “pone el acento en las relaciones que establecen entre sí los miembros de una determinada sociedad […] hablamos de las formas de dominación, el poder en función de ellas y las jerarquías”. (Rojas, 2011, p. 7)

Por último, criticamos las perspectivas imperantes que repiten tautológicamente con las expresiones: narcotráfico, narco economía o narcoestado, de que se trata de “grupos de interés” (Garay, 2018) y/o “redes de poder hegemónico” (Flores, 2020a). El término de “reconfiguración cooptada del Estado” (Garay, 2018) también sería cuestionado en este contraste conceptual y analítico.

5. Conclusiones

Los estudios descriptivos y explicativos sobre las transformaciones del Estado en América Latina en su relación con la sociedad y la economía han abordado muchos análisis sobre el papel que juegan las organizaciones de narcotraficantes en la influencia o acción políticas dentro de los gobiernos. Sin embargo, una economía política de la cocaína en el siglo XXI permite observar y explicar la relación del advenimiento de una nueva clase social con el ciclo de la acumulación capitalista de la cocaína en Colombia y América Latina.

La economía política de la cocaína es una perspectiva de análisis que proponemos como marco categorial para observar que, desde el caso de estudio colombiano, el narcotráfico es un proceso de producción, distribución y comercialización de bienes de consumo y servicios ilegales, que podría caracterizarse como una economía capitalista, es decir, una manera de concentración y acumulación de riqueza que se realiza y que es posible por un papel funcional reconfigurado del Estado.

Se propone que, desde un enfoque interpretativo, aproximado a las categorías de “captura y reconfiguración cooptada del Estado” y “grupos de interés” (Garay, 2018), y con “las redes hegemónicas de poder” en la configuración estatal para fines ilícitos (Flores, 2020b); es factible la consolidación de una nueva clase social capitalista que opera a manera de red y coalición transnacional, en el ejercicio de poder predatorio hegemónico desde el Estado.

Agradecimientos

Expreso mi profundo agradecimiento a los profesores Esteban Nicholls, Pablo Andrade Andrade, Marco Romero Cevallos y César Montúfar quienes me guiaron en el estudio de la economía política en el doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Su enseñanza y orientación han sido fundamentales en el desarrollo de mi agenda de investigación.

Biografía Breve

Doctorando en Estudios Latinoamericanos | Investigador | Politólogo.

Actualmente candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos (2022–2027) por la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, donde obtuve una beca completa de estudios y una beca de apoyo a la investigación doctoral. Mi trabajo académico se centra en temas como la frontera colombo-ecuatoriana, la economía política de la cocaína y las políticas de educación superior en Colombia.

Anteriormente, cursé la Maestría en Relaciones Internacionales (2010–2016) en la misma institución, con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos. Mi tesis, calificada con distinción, fue publicada en la Serie Magister 251.

Soy Politólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y cuento con amplia experiencia en investigación, análisis político y consultoría en temas latinoamericanos.

Language: Spanish
Page range: 12 - 24
Submitted on: Nov 16, 2024
Accepted on: Dec 16, 2025
Published on: May 22, 2026
Published by: Stockholm University Press
In partnership with: Paradigm Publishing Services

© 2026 Álvaro Vélez Tangarife, published by Stockholm University Press
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