Patrimonios incómodos: monumentos públicos y sitios de memoria y derechos humanos a 50 años del golpe militar en Chile

Introducción

El patrimonio ha experimentado en las últimas décadas un giro hacia una noción más amplia, integral y distante de la visión monumental y material. Las actuales discusiones -globales y locales- han contribuido a instalar su reflexión como un campo de conflicto y de disputa entre sujetos, prácticas y discursos situados en contextos temporales y materiales particulares (Frank & Ristic 2020; Badilla & Aguilera 2021). Estos procesos han abierto debates relacionados a sus atributos simbólicos, los que se han visibilizado con el surgimiento, desde mediados del siglo pasado, de una serie de nociones que tienen que ver con los atributos del patrimonio y con su relación con la memoria y con el pasado. El concepto de difficult heritage o “patrimonios incómodos” (Smith 2009; 2006) empieza a utilizarse para expresar la incomodidad respecto a ciertos legados, espacios y entornos vinculados a episodios conflictivos y dolorosos que podían ser preservados por su valor histórico u otros atributos singulares, sociales, identitarios, incluso arquitectónicos, aun cuando fueran reprobadas las ideologías que le dieron origen (Martínez & López 2019). También bajo consideraciones relativas a la sensibilidad histórica respecto del origen de los bienes patrimoniales, el concepto “patrimonio difícil” se utiliza para registrar aquellos objetos o lugares que han resultado de episodios que, para la sociedad contemporánea, son problemáticos (Macdonald 2009). Tal es el caso de objetos patrimoniales que surgieron vinculados con guerras, sistemas de baja tolerancia, discriminación racial o contextos de hostilidades étnicas (Logan & Reeves 2009).

En el marco de tal discusión es que proponemos que las acciones de contestación desplegadas en el periodo que siguió al estallido social en Chile – a partir del 18 de octubre de 2019- y que colocaron en el centro del debate la relación de los patrimonios con la memoria política y con los derechos humanos, se inscriben en procesos de más amplios. Así como tras el estallido social en Chile, surgió una incomodidad respecto de ciertos monumentos públicos, los que fueron impugnados, el patrimonio urbano continuó siendo disputado en el contexto de discusiones sobre los sitios de memoria y derechos humanos, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, el año 2023. De este modo, se entablaron nuevos debates sobre los sitios de memoria marcados por un carácter no monumental y que avanzó de los significados sociales hegemónicos en el marco de contextos sociales y políticos específicos en el Chile de los últimos años.

Como forma de contribuir a la literatura en este campo, proponemos una lectura que, además de considerar el origen, incorpore el devenir de los patrimonios incómodos. Esto significa poner atención no sólo en objetos y lugares que surgieron de episodios conflictivos sino que también en cómo su existencia -en particular, su conservación- resulta incómoda. En otras palabras, cómo esta resulta incómoda y para quiénes lo es. Esto implica reflexionar tanto en torno a una mirada estructural de estos patrimonios -marcados por diversas circunstancias, como por ejemplo su localización urbana en contextos de especulación inmobiliaria- como también por sus atributos cuyos contenidos disruptivos, sujetos a memorias específicas, se tensionen con un contexto cultural y político. Así, argumentamos, desde la perspectiva del patrimonio incómodo, que los fenómenos de impugnación, resignificación y apropiación de monumentos, acontecidos desde octubre de 2019 en las ciudades chilenas continuaron su desarrollo en el debate público hasta 2023, cuando adquirió relevancia la discusión sobre los sitios de memoria y derechos humanos. Se trató de un desplazamiento de la atención desde los barrios, hacia los monumentos a través de los cuales se visibilizaron nuevos contenidos de reivindicación en relación a la identidad local, el género y la interculturalidad en espacios urbanos céntricos. De hecho, tal como hemos identificado previamente (Matus et al. 2023), el monumento público constituye un eje central de nuevas disputas por el patrimonio en un contexto en el que la legitimación social del patrimonio -a través de un activo rol de la comunidad- era fundamental (Dormaels 2012; Ibarra 2016). Así como hemos argumentado que parte de las actuales lógicas de resignificación y de apropiación contrahegemónica del monumento público, involucra procesos simultáneos de impugnación, desacralización y resignificación del patrimonio oficial y de su concepción del espacio público (Matus et al. 2023), en este trabajo proponemos que durante este periodo y a cincuenta años del golpe de estado, los sitios de memoria y de derechos humanos aparecen como espacios de defensa de un pasado difícil. Estos sitios explicitan una nueva relación con el patrimonio oficial conteniendo nuevas y particulares memorias mientras cristalizan el dinamismo de los patrimonios incómodos en contextos urbanos y simbólicos cambiantes.

Asumiendo que los procesos de patrimonialización emergen como eventos disonantes que adquieren sentido dentro de luchas a escala local, comunitaria, nacional e internacional (Smith 2009), este estudio se pregunta sobre cómo los actuales procesos de patrimonialización de sitios de memoria se hacen cargo de elementos disonantes producto de contextos conflictivos y cómo se puede incorporar en ese marco la pregunta por la conservación (Giblin 2014).

A partir de un enfoque interpretativo-cultural, basado en una metodología de análisis de casos, este estudio considera una revisión de catastros, prensa, material fotográfico y documental entre octubre de 2019 y octubre de 2020. Sobre la base de un estudio previo que sistematiza el desarrollo de los procesos de patrimonialización en Chile y que se materializa en la elaboración de un visor territorial sobre los conflictos vinculados a sitios de memoria y de derechos humanos, desde el año 1990 en adelante, se constata que las demandas vinculadas a este tipo de memorias aumentan y adquieren nuevas miradas en las vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe. Nuestros datos establecen cuatro períodos (1996–2002; 2003–2009; 2010–2018 y 2019–2023) donde caracterizamos diversos tipos de demandas y conflictos en torno al patrimonio: defensa de barrios urbanos; defensa de entornos naturales; memoria y derechos humanos y movilización social y política. El catastro de conflictos en torno el patrimonio permitió examinar, entre otros, su localización, contenido y persistencia. Los conflictos asociados a sitios de memoria y derechos humanos -destacados en amarillos- se encuentran concentrados en la Región Metropolitana (Ver Figura 1). Efectivamente, durante el periodo que cubre parte de este estudio se registra un aumento sistemático de casos en sectores periurbanos, y crecientemente hacia zonas más céntricas donde hubo sitios de detención, tortura y desaparición forzada.

Figura 1

El contexto de post estallido marcado por la pausa pandémica y sumado al hito de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, permite establecer que existe un cambio sustantivo en la dinámica de movilización en relación al patrimonio que había tenido previamente entre 2019 y 2020 como centro la impugnación de monumentos públicos en los centros de las grandes ciudades, constatándose un giro de la discusión hacia los denominados “sitios de memoria”. Como plantea Escariz (2022) referir a sitios de memoria es hacer alusión inmediatamente a los lugares físicos donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura. Sin embargo, también se pueden considerar en la definición otros lugares que son significativos para las víctimas, familiares y la comunidad en general, toda vez que se asocian a esos acontecimientos, aunque no de forma física, y que son creados para transmitir y construir memorias, por ejemplo, museos, memoriales, monumentos. Es clave definir el alcance del concepto ya que esto determina la adopción de un término restringido o más amplio de sitio de memoria. Actualmente, en Chile en base a la definición de los organismos internacionales que sirven como referente de los derechos humanos como la CIDH y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) se define “sitios de memoria” como:

Siguiendo a Ríos Álvarez (2021) y la reflexión que instala respecto a los sitios de memoria en Chile a partir de su análisis de la experiencia de puesta en valor del Ex Cuartel Borgoño, se puede sostener que los sitios de memoria al ser contenedores de una memoria traumática son bienes patrimonializables como parte del patrimonio incómodo. No obstante, para que este patrimonio controversial sea vitalizado y puesto en valor requiere ser activado (Prats 1997) siendo clave en esta activación la participación de la sociedad civil. Siguiendo a Jelin y Langland (2003) son las “las organizaciones de la sociedad civil (…) o bien, emprendedores de la memoria quienes tienen la agencia y la voluntad de marcar el espacio” (Jelin & Langland 2003: 4).

Argumentamos que los sitios de memoria que presentamos en esta sección constituyen patrimonios incómodos en cuanto articulan distintas capas o sedimentos en tensión. Por una parte, una capa de carácter estructural respecto al lugar actual que estos espacios ocupan en la ciudad y sus tensiones con otros usos del suelo y proyectos urbanos. En segundo lugar, abordamos capas simbólicas de memoria vinculadas a distinto tipo de violaciones a los derechos humanos, desde el desplazamiento de población, hasta la tortura, y violencia sexual y política. De modo de ejemplificar cómo se desarrolla el debate sobre patrimonios incómodos que marca la actual discusión sobre museos, memoriales y sitios de memoria abordaremos el análisis de tres iniciativas desarrolladas por la ciudadanía organizada que involucran la puesta en valor de las memorias relacionadas con la violación de los derechos humanos. Estos tres casos consignan diferentes dimensiones de patrimonios considerados incómodos, y como indicamos previamente, mostramos cómo el concepto debe tener en cuenta tanto el origen como también el devenir de las incomodidades que moviliza el patrimonio. El primer caso de la “Villa San Luis de Las Condes”, plantea las tensiones de la patrimonialización por parte de la comunidad de ex residentes de un espacio vinculado a la memoria social del urbanismo en Chile. Este caso muestra cómo el valor de uso entra en colisión con el valor de cambio que plantea su ubicación en un espacio de alta plusvalía en la ciudad de Santiago, planteándose como acuerdo una propuesta intermedia de reconocimiento que implica la edificación de un memorial social producto de la negociación entre todos los actores involucrados. Por su parte analizamos como segundo caso la propuesta de puesta en valor del entorno del centro de detención “Venda Sexy” por parte de colectivos feministas y de derechos humanos que revela como se produce una fuerte tensión entre el limitado reconocimiento que da a la memoria la institucionalidad a través de la categoría como los sitios de memoria, y los nuevos sentidos que plantea la reivindicación de una memoria más amplia asociada a nuevos significados construidos por las nuevas generaciones. Finalmente, el último caso que plantea la puesta en valor como sitio de memoria de la casona de “Santa Mónica” que fuera sede del Comité Pro Paz, que presenta una variante interesante de puesta en valor de un espacio que ya forma parte de un espacio barrial vinculado al patrimonio, al ser parte de la zona típica del barrio Yungay, constituyendo su valoración como sitio de memoria una oportunidad para poner el valor los derechos humanos en un lugar donde esto se protegieron por parte de un conjunto de actores de la sociedad civil y las iglesias unidas en un proyecto ecuménico.

De esta manera, a través de estos tres casos analizados es posible contribuir a la lectura de los sitios de memoria como dinámicos patrimonios incómodos en el caso chileno durante el periodo.

“Villa San Luis”: la incómoda puesta en valor de un modo de hacer ciudad que se resiste al olvido

La Villa Ministro Carlos Cortés. Renombrada bajo la Dictadura como “Villa San Luis”, configura un proyecto emblemático desde el punto de vista urbano representativo del enfoque de la CORMU -diseñado durante el gobierno de Frei Montalva e implementado durante el Gobierno de Salvador Allende- siendo una urbanización proyectada para romper con la segregación socioeconómica de la ciudad, integrando a la población de distintos estratos socioeconómicos en un mismo espacio urbano Cabe recordar citando a Cáceres y De la Cerda (2017) que producto de la movilización ciudadana y luego de la demolición de los últimos bloques de viviendas sociales que permanecían en el sitio, el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, declaró en 2017 a la “Villa San Luis” (Ver Figura 2) como Monumento Histórico paralizando no sólo la demolición, sino que instalando el debate sobre cuáles son los criterios de valor implícitos en una declaración patrimonial.

Figura 2

Posteriormente en Junio de 2019 el Consejo de Monumentos Nacionales anuló la declaratoria realizada en 2017 dando curso a la demolición de los últimos vestigios de “Villa San Luis” (Mosciatti 2019) para posteriormente en 2020 aportar a una solución intermedia. En efecto, producto de una negociación la Inmobiliaria Presidente Riesco propuso como parte de un acuerdo con la comunidad y el subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del CMN, Emilio de la Cerda el diseño de un Museo-Memorial que recoge el espíritu de la declaratoria de Monumento Histórico¹ previamente anulada asumiendo la puesta en valor del monumento en base a dos atributos: por una parte, su valor simbólico en relación a la violación de derechos humanos tras el desalojo de los pobladores y por otra, el relevamiento de aporte a la integración urbana realizado por el proyecto diseñado por la CORMU en 1972. De este modo, el año 2020 se hace pública la decisión de construir un museo-memorial, que será realizado mediante un concurso público que tendrá como patrocinante al Colegio de Arquitectos de Chile y a la Asociación de Oficinas de Arquitectos. La constructora financiará la implementación del concurso, las obras de construcción del memorial, sus obras exteriores, y el proyecto museográfico. El museo será administrado por una corporación autónoma integrada por representantes de la “Fundación Villa San Luis”, de la constructora, del Consejo de Monumentos y del municipio (Prensa, Diario El Financiero, 2020).² Luego de esta decisión, en abril de 2021, se firman los acuerdos entre las partes y se lanza el concurso público de arquitectura para el nuevo memorial. En Diciembre de ese año, el subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, convocó a los representantes de los pobladores que allí vivieron, a la inmobiliaria Presidente Riesco, a la “Fundación Villa San Luis”, al Colegio de Arquitectos, a la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) y al Consejo de Monumentos Nacionales en el lugar en el que se construirá el Memorial de Villa San Luis, para dar inicio al Concurso Memorial (Prensa, El Mostrador 2021).³

La evolución de este emblemático caso permite visibilizar cómo un patrimonio incómodo opera en dos dimensiones. Por una parte, una estructural donde se tensiona el valor de uso del suelo en un contexto de desarrollo urbano que buscaba eliminar las ruinas de un proyecto habitacional para instalar en su lugar, el proyecto comercial Nueva Las Condes. Justamente, un distrito financiero emblemático de la prosperidad económica del proyecto neoliberal. Por otro lado, este caso muestra una tensión simbólica y política, donde los vestigios del patrimonio incómodo de la “Villa San Luis” expresan una historia de olvido, representativa de lo que Carrión plantea como “urbicidio”, asesinato o borramiento del patrimonio producto de “acciones militares, económicas, culturales o políticas que acaban con la identidad, los símbolos y la memoria colectiva de la sociedad local concentrada en las ciudades… huellas de la memoria que la ciudad ha querido eliminar en su camino a la modernidad” (Carrión 2014). Asimismo, el caso de “Villa San Luis”, pone en discusión cuáles son los criterios de valor asociados a una declaración de patrimonio en uno de los terrenos que hoy tiene un alto valor de suelo en la región Metropolitana. Cabe recordar que la solicitud inicial de declaratoria de parte del arquitecto Miguel Lawner durante el año 2017 se dio en un contexto de cambio y crecimiento urbano para esta zona, dando pie a distintos conflictos por la demolición y/o recuperación del Lote 18 de “Villa San Luis” (Cáceres & Cerda 2017). Actualmente el concurso está en pie pero no fue posible encontrar disponibles para análisis las propuestas arquitectónicas para la construcción del museo-memorial. De esta forma, argumentamos que este caso refleja el dinamismo y complejidad involucrada en la comprensión de este tipo de sitios de memoria en cuanto patrimonio incómodo.

Ex Centro de Detención “Venda Sexy”: como las mujeres incomodan la puesta en valor de la memoria desafiando la puesta en valor institucional

Un segundo caso es el ex centro de detención la “Venda Sexy” y su puesta en valor a partir de un conjunto de iniciativas de recuperación, rescate y visibilización del valor cultural e histórico en tanto sitio de memoria a través de la creación de un Memorial contra la Violencia Política Sexual, que acoge las actividades de la agrupación de derechos humanos de las sobrevivientes (Molinos 2023; Alfaro 2021). En efecto, la particularidad de este sitio de memoria es que se trata de una iniciativa impulsada principalmente por organizaciones de mujeres que fueron víctimas de este específico caso de violencia, así como agrupaciones feministas actuales que buscan asociar esta arista de la protección patrimonial y de la memoria.

Como plantea Molinos (2023) ante la falta de una normativa efectiva para la conservación de los sitios de memoria, los centros de detención se convierten en territorios en disputa, siendo aquellos ubicados en zonas centrales y atractivas para el mercado inmobiliario, los más vulnerables. Como indicábamos previamente, los conflictos en torno a la memoria y derechos humanos han transitado desde lugares periurbanos hacia aquellos que se encuentran insertos en la trama urbana actual. Por ello, junto con los vacíos en términos de planificación urbana, devienen lugares expuestos a la demolición y edificación en altura. En ese marco emergen los colectivos de “Venda Sexy” que en conjunto con agrupaciones feministas implementan diferentes estrategias para visibilizar la memoria histórica asociada al sitio de memoria en específico, pero también a todo el entorno donde esta casa se encuentra ubicada, en especial la Plaza Arabia en la comuna de Macul (Alfaro 2021).

El caso de “Venda Sexy” (Ver Figura 3), a diferencia de la negociación realizada en “Villa San Luis”, muestra en forma patente el desencuentro entre la creación de nuevas memorias sobre los derechos humanos y el limitado reconocimiento institucional que el Estado ofrece. Pese a que el 30 de agosto de 2022 el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de la Mujer comunican al Consejo de Monumentos que el Estado finalmente comprará el inmueble “Venda Sexy” (CMN 2023) se produce una tensión entre la institucionalidad patrimonial y la puesta en valor de la memoria que plantean los colectivos. Se constata que la voluntad por parte de los colectivos feministas y de memoria liderados por mujeres activistas de derechos humanos no es la de recuperar el inmueble declarado “sitio de memoria” declarando que el recinto ya no es un lugar que las representa, denunciando su pérdida de valor simbólico y de sentido de memoria producto de la una especulación inmobiliaria, que ha modificado el lugar instalando espacios de mercado como una piscina y jacuzzi, haciendo importantes modificaciones al espacio original:

Figura 3

En síntesis, la reconstitución de la experiencia del memorial barrial aporta a entender cómo se configura la construcción de un discurso patrimonial que se desmarca de los lineamientos institucionales del mero reconocimiento del espacio como sitio de memoria proponiendo dejar una huella material en el espacio urbano y del barrio más que validar el proceso institucional de reconocimiento como “sitio de memoria” producto de una negociación económica. Por una parte, este caso muestra su tensión respecto de presiones por el avance inmobiliario de construcción de altura, pero sobre todo, este caso muestra la incomodidad de los atributos simbólicos de un sitio de memoria que se destacó tristemente por la violencia política sexual sistemática, cuya visibilidad también apela a nuevas generaciones.

“Santa Mónica 2338” Ex Comité Pro Paz: una contra propuesta ciudadana de apertura de los significados de los sitios de memoria

Finalmente, un caso más reciente de controversia patrimonial directamente relacionado con la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar tiene que ver con la iniciativa llevada a cabo por un grupo de vecinos del Barrio Yungay y ex trabajadores del Comité de Cooperación para la Paz en Chile el año 2023 quienes, acompañados por la concejala Rosario Carvajal solicitaron la declaratoria de Monumento Nacional en categoría de Monumentos Histórico del “Sitio de Memoria Comité Pro Paz de Santa Mónica”, ubicado en Santa Mónica 2338, Barrio Yungay, Santiago (Ver Figura 4). El Comité configura una entidad precursora de la Vicaría de la Solidaridad que otorga asistencia social tras el golpe militar a todas y todos los perseguidos por la Dictadura (Miranda 2012). Se trata de un espacio ecuménico creado por las Iglesias Católica, Evangélica (Metodista, Bautista, Evangélica Luterana, Ortodoxa, Metodista Pentecostal) y la Comunidad Israelita que se encargó de recibir a los chilenos que habían comenzado a acudir a la sede del Arzobispado en búsqueda de asistencia no sólo judicial sino social e incluso mental (Miranda 2012).

Figura 4

Esta iniciativa de “patrimonialización” como “sitio de memoria” constituye una contrapuesta ciudadana a la iniciativa desarrollada por el Municipio de Santiago que en Septiembre de 2023 (Radio Cooperativa 2023) propuso con la venia del Concejo Municipal el cambio de 8 calles de la comuna de Santiago entre ellas la de Santa Mónica (entre General Bulnes y Ricardo Bulnes) que se renombra como Jaime Castillo Velasco causando gran polémica la propuesta al ser una iniciativa que no contó con participación vecinal. Como plantea en un reportaje realizado por el medio El Mostrador, Álvaro Varela, abogado y ex trabajador del Comité Pro Paz mencionó: “Para mí el de hoy es un día muy triste, se ha eliminado del mapa la calle Santa Mónica, lugar donde, junto a muchos otros, trabajé en la defensa de los derechos humanos durante los años más duros de la represión, lo que en el año 1974 me significó el secuestro y la tortura”. En este contexto la concejala Rosario Carvajal ha planteado la idea de declarar como Sitio de Memoria este inmueble más conocido como “el castillo” por ser el lugar en el que se creó el primer organismo de derechos humanos (El Mostrador agosto, 2023).⁴

En el caso del inmueble que albergó al Comité Pro Paz, en calle Santa Mónica, en el expediente en curso, la comunidad y ex trabajadores levantan testimonios que aportan elementos claves para poner en valor dos dimensiones del patrimonio el valor histórico de dicho lugar, así como los atributos arquitectónicos del inmueble ubicado en la Zona Típica Barrio Yungay que, de acuerdo a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y en su calidad de Inmueble de Conservación Histórica de acuerdo a Plan Regulador de Santiago, se considera un espacio que ya cuenta con un grado de protección asociado al polígono patrimonial y a su condición de protección a nivel local (Solicitud de Declaratoria como Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico 2023).

Esta propuesta de declaratoria innova en lo que tiene que ver con la puesta en valor de los sitios de memoria planteando un tema que va más allá de la visión hegemónica e institucional que tiende a reducir los sitios de memoria a los espacios en donde desarrollaron directamente violaciones de derechos humanos dejando sin reconocimiento a los espacios donde se desarrolló su defensa efectiva. En ese marco dicha propuesta de declaratoria en curso pone en el centro la necesidad de desarrollar una política nacional de protección de todos los espacios asociados a violación a los derechos humanos en dictadura, como también los lugares que sirvieron para la defensa de estos derechos.

Conclusiones: los sitios de memoria como patrimonios incómodos en el actual contexto político

En este artículo hemos argumentado que el concepto de patrimonio incómodo o difícil contribuye a comprender la persistencia y también el dinamismo en las disputas del patrimonio en el Chile democrático de las últimas décadas, y más específicamente en el contexto social y político de los últimos años. Nuestro aporte al campo de investigación sobre patrimonio incómodo consiste en entregar evidencia sobre las expresiones diversas que adoptan estos conflictos en circunstancias específicas, a saber: en un contexto democrático post dictadura las disputas del patrimonio urbano y territorial se van intensificando especialmente como respuesta a procesos de expansión del mercado inmobiliario, adquiriendo cada vez más prácticas, discursos y participación de actores que trascienden su acción hacia contenidos políticos que buscan impugnar tanto un orden histórico excluyente, así como un modelo actual neoliberal que crea y refuerza desigualdades socio espaciales. Asimismo, los casos muestran que los sitios de memoria presentan complejidad en cuanto articulación de diversos atributos simbólicos que también son disputados por esfuerzos de restauración conservadora o del orden neoliberal.

Constatamos que en el período reciente de estallido social el patrimonio como monumento es impugnado en tanto hito representativo del orden institucional por actores históricamente invisibilizados como mujeres, indígenas, y el mundo popular, que proponen símbolos y significados que disputan la visión de unidad y cohesión asociada al patrimonio oficial, y que las intervenciones en el patrimonio público representan un medio de lucha y participación social de identidades que disputan un lugar en el espacio público, en este artículo hemos avanzado en una lectura dinámica, contingente y compleja de los sitios de memoria en cuanto patrimonios incómodos cuyo significado es expandido por la participación de comunidades que amplían los hasta ahora limitados marcos de su puesta en valor. Como plantea la revisión de casos resulta clave la participación de una comunidad (exresidentes y urbanistas en San Luis, Movimientos feministas en “Venda Sexy” y extrabajadores del COPACHI (Comité Pro Paz) cuya agencia moviliza el patrimonio incómodo y lo logra visibilizar a través de diferentes estrategias de patrimonialización algunas institucionales, algunas híbridas y otras producto de una participación social, transgresiva o insurgente (Biskupovic & Stamm 2021).

La conmemoración en 2023 de 50 años del Golpe Militar otorga gran protagonismo a los temas de memoria y derechos humanos, cristalizados en disputas en torno a sitios de memoria, incluso avanzando más allá del sitio hacia una apropiación y resignificación del entorno donde estos se localizan, y una puesta en valor como memoria que amplía la reivindicación de los derechos humanos a la acción material y simbólica de los actores que iniciaron la defensa activa de los derechos humanos.

Creemos que los tres casos presentados -en cuanto patrimonios incómodos- constituyen una oportunidad para abordar en un diálogo intergeneracional sobre el patrimonio que no han sido expresadas en el espacio público de nuestras ciudades. Asimismo, argumentamos que la noción de patrimonio incómodo ofrece la posibilidad de orientar los actuales debates de la nueva ley de monumentos nacionales, así como también de los nuevos pactos políticos y sociales. Finalmente, la impugnación del orden por medio de la intervención del patrimonio, instala la pregunta sobre las formas de participación democrática que se deben seguir para (re)definir los discursos públicos de la ciudad siendo fundamental discutir el rol de representación de los monumentos para posibilitar la coexistencia en el espacio público de múltiples narrativas del pasado.

Información De Financiación

Este artículo se enmarca en los resultados de los siguientes proyectos Mini-COES, FONDAP 1523A0005; Núcleo Milenio de Ciencias Sociales Nupats, NCS2024_014; Fondecyt Regulares 1241635 y 1231744, todos proyectos financiados por ANID.

Conflictos De Interés

Los autores no tienen intereses en conflicto que declarar.