Territorialización de las Sociedades Anónimas (SA) en Uruguay: Acaparamiento y Extranjerización de Tierras

1.1. Uruguay como caso de estudio

Uruguay es un país de base agropecuaria, históricamente orientado a la producción de commodities para abastecer el mercado externo (Moraes, 2008) que presenta desde finales del siglo XIX relaciones capitalistas claras y consolidadas. La estructura latifundista ganadera con baja demanda de mano de obra ha predominado y generado escasa población rural (Moraes, 2008; Piñeiro, 2014). El régimen de propiedad de la tierra es claro y socialmente aceptado (Piñeiro, 2002). Así, el territorio uruguayo se consolida como territorio eficiente¹ para el arribo de capitales, particularmente desde finales del siglo XX luego de la sucesión de reformas neoliberales (Piñeiro, 2012; Figueredo, Guibert and Arbeletche, 2019).

Cuatro características resumen la historia del agro uruguayo: concentración/desigualdad, estancamiento, modernización conservadora (aspiración a procesos de modernización de las elites, pero sin alterar el statu quo), y espacio agroexportador de commodities. Desde fines del siglo XIX el agro se estructura como productor de commodities (cuero, carne y lana), con bajo nivel de incorporación de tecnologías y dependiente de los precios internacionales. Sobre mediados del siglo XX el sector resulta estancado económicamente y surge así la necesidad de encontrar “salvadores” del agro y la economía nacional. La estrategia común recayó en la diversificación de la producción para mejorar la inserción en mercados internacionales, pero sin alterar la estructura agraria desigual que ha comprometido la generación de excedentes (Astori, 1984). En la segunda mitad del siglo XX y apoyado en la implementación de políticas neoliberales, el país inició una estrategia de modernización conservadora donde aumentan algunos niveles de producción y se intensifican los procesos de concentración de la tierra, incluso revirtiendo la tendencia al incremento del número de establecimientos agropecuarios iniciada a comienzos del siglo XX (Apéndice 1). Entre 1990–2011, 2M ha (12% de la superficie agropecuaria del país), fueron incorporadas al modelo agrícola industrial con los dos rubros principales del agronegocio en la región, soja y forestación (Gazzano, Achkar and Díaz, 2019). Los resultados fueron contundentes, entre 1950–2011 se reduce a la mitad el número de establecimientos agropecuarios, y entre 2000–2011 desaparecieron 12.350 unidades productiva rurales (21.6%) (Apéndice 1). Las consecuencias más notorias indican un importante crecimiento económico del sector agropecuario a principios del siglo XX (Oyhantçabal and Sanguinetti, 2017), y la profundización de las características históricas que impiden el desarrollo del sector, concentración/desigualdad y especialización en la producción de commodities.

En suma, el espacio agrario uruguayo se posiciona tempranamente desde fines del siglo XIX como receptor de inversiones extranjeras que consolidan el latifundio ganadero. Sobre finales del siglo XX, emerge una nueva territorialidad del capital transnacional en el marco del agronegocio, que diversifica la producción y en algunas regiones del país desarma la estructura latifundista tradicional con una “modernización” de las relaciones capitalistas en el agro. La lógica productiva del agronegocio genera cambios significativos en los territorios rurales uruguayos, donde avanza un modelo de producción agroindustrial con alta participación del capital financiero.

Un fenómeno reciente y poco estudiado del agronegocio en Uruguay, es el arribo y expansión de Sociedades Anónimas (SA). Con una estrategia planificada a partir de la experiencia forestal de la década de 1980, y apoyado en consultorías internacionales y empresas transnacionales, se avanzó en modificaciones de la estructura legal e incentivos económicos, generando un modelo exitoso desde la lógica del agronegocio. En este contexto identificamos a las SA como la manifestación cabal de los procesos de ajustes espaciales del capital y partimos de las hipótesis de que: su arribo a Uruguay se da en el marco de gobiernos particularmente permisivos a (e interesados en) las inversiones extranjeras directas (IED); su accionar impulsó cambios en los usos del suelo rural, diversificando la producción de commodities; y que su territorialización consolidó procesos de desigualdad que comprometen la soberanía en la gestión del territorio. Desde 2007, el estado uruguayo ha otorgado permisos a SA para adquirir el derecho de propiedad/explotación superior a los 7M ha² (equivalente al 40% de la superficie productiva del país).

En este contexto, el objetivo general de este trabajo es analizar la incidencia de los procesos de concentración, extranjerización y financiarización, mediados por el estado uruguayo y liderados por Sociedades Anónimas (SA), en la consolidación del acaparamiento de tierras en Uruguay en el siglo XXI. Se pretende así, fortalecer un marco interpretativo con capacidad de explicar los mecanismos que habilitan el arribo de las S.A. y los impactos de su consolidación.

3.1. Mercado de tierras en el Uruguay del siglo XXI

El mercado de tierras registró gran dinamismo entre 2000–2019, con un marcado incremento del número de transacciones de compraventa, contratos de arrendamiento, superficie involucrada y precio de la tierra. Entre 2000–2019 se compraron 8.5 M ha y fueron arrendadas 15 M ha (cifras que incluyen o pueden incluir más de una transacción sobre la misma superficie durante el período analizado) (Figura 1a). Se registró un pico de transacciones en 2006 para las compraventas, y en 2008 y 2010 para arrendamientos, seguido de una caída sostenida, seguramente explicada por factores externos como ser la crisis financiera en los países industrializados que motivó inversiones más cautelosas (Piñeiro, 2012) y factores internos vinculados a la ocupación temprana de las mejores tierras (Gazzano, Achkar and Díaz, 2019).

Figura 1

Luego de 2003, la conjunción de fenómenos internos (endeudamiento de los productores, recursos naturales subutilizados y políticas de apoyo a la competitividad) y externos (demanda creciente de los commodities y ventajas comparativas con la región) impulsaron el crecimiento de la actividad agrícola, que sumado a la expansión de la actividad forestal presionaron al alza el precio de la tierra. El precio compraventa registró un crecimiento inédito de 922% entre 2002 (385usd/ha) y 2014 (3.934 usd/ha) para luego estabilizarse en el entorno de los 3.300 usd/ha (Figura 1b). El comportamiento del costo promedio de los arrendamientos fue similar a las compraventas, pero registrando una caída luego del 2014 más pronunciada. La ganadería fue el rubro de destino de la mayor parte de la superficie (mayor al 50%, período 2007–2019) y la agricultura representó el 44% del valor total del arrendamiento entre 2007–2019.

La mayor parte de la superficie comercializada se localizó en la faja horizontal central del país (Figura 2), zona donde predominan las unidades productivas ganaderas latifundistas de capitales nacionales, con escasa demanda de mano de obra, baja incorporación de tecnologías y baja generación de excedentes por unidad de superficie (Fernández-Nion, 2021). En estas zonas se registró, desde finales del siglo XX, un importante crecimiento de la actividad forestal (Gazzano, Achkar and Díaz, 2019).

Figura 2

El comportamiento de las transacciones de compraventa fue disímil según el tamaño de los establecimientos, lo cual alteró la distribución relativa del número de establecimientos según estrato de superficie. El 92% de los establecimientos que desaparecen entre 2000 y 2011 corresponden a unidades productivas menores a 100ha (DIEA, 2014). De forma contraria, los establecimientos mayores a 500ha, y particularmente los mayores a 2.500ha, se incrementaron. En 2011, las unidades mayores a 1.000ha (9,3%) gestionaban el 61% de la superficie del país, mientras que las unidades mayores a 2500ha (2,6%) gestionan el 34% (DIEA, 2014).

El patrón de concentración de la tierra que mostró Piñeiro (2012) para el período 2000–2010 se profundizó en el período 2011–2020 (Tabla 1), dado que se comercializaron en mayor medida los predios de menores dimensiones y además se registró una tendencia creciente a la comercialización de unidades de menores superficies. Se destaca así el alto dinamismo del mercado de tierra en Uruguay durante el período analizado y además, como fue planteado por Borras et al. (2012b) en su síntesis para América Latina, que la tendencia a la concentración de la tierra se inicia antes de la crisis financiera de 2007–2008, pero es a partir de ese momento que estos procesos se intensifican.

3.2. Estrategias institucionales y expansión de las SA en Uruguay

Como señalan Borras et al. (2020), abordar las dinámicas de acaparamiento de tierras en el régimen alimentario actual implica analizar las condiciones estructurales creadas, el conjunto complejo de esferas institucionales existentes y los mecanismos que habilitan, facilitan y legitiman a las corporaciones que participan en el acaparamiento global de tierras.

En Uruguay, desde fines del siglo XX se consolidan condiciones estructurales atractivas para que los capitales anónimos accedan al control de los territorios. A la potencialidad agroecológica se suma la histórica concentración de la propiedad de la tierra (Piñeiro, 2014) y la alta aceptación a la propiedad privada de la tierra (Piñeiro, 2002). Aspectos centrales dado que permiten el acceso a grandes escalas de producción en tierras de alta aptitud, minimizando las transacciones de tierras y brindando seguridad a la clase terrateniente. Al contar Uruguay con una frontera agropecuaria cerrada y una consolidación temprana (en relación a países de la región) de la propiedad de la tierra, las dinámicas de acceso a la tierra ocurren únicamente a través de los mecanismos de compraventa.

El rol contradictorio del estado frente a las dinámicas de acaparamiento de tierras, al facilitar transacciones de tierras y buscar mantener niveles de legitimidad política (Borras et al., 2020), se visualiza desde fines del siglo XX con el fuerte impulso a las políticas neoliberales destinadas a la atracción de IED (Figueredo, Guibert and Arbeletche, 2019). La principal modalidad de apoyo a la IED consistió en subsidios y exoneraciones impositivas a las empresas forestales (Ley Nº15.939–1987); promoción y desarrollo de las zonas francas (Ley Nº15.921–1987); flexibilización del arrendamiento de tierras (Ley N°16.223–1991); exoneraciones fiscales para la IED (Ley Nº16.906–1988); Ley de fondos de inversión (Nº16.774–1996); y Ley de Fideicomisos (Nº 17.703–2003). Como resultado, a finales del siglo XX Uruguay asiste a marcados procesos de intensificación agraria, concentración de la tierra y presencia de nuevos actores nacionales y transnacionales (Piñeiro, 2012; REDES_AT, 2012; Gazzano, Achkar and Díaz, 2019; Oyhantçabal and Narbondo, 2019; Bianco et al., 2021).

La llegada al poder en 2005 del Frente Amplio (FA), un gobierno progresista de coalición, ocurre en un período de incipiente crecimiento y estabilidad económica, condiciones atrayentes de las IED, y especialmente con afluencia de capitales al sector agrícola. La promoción de inversiones impulsó el crecimiento de las exportaciones que posibilitaban la implementación de políticas sociales destinadas a los sectores más vulnerables, pero que a su vez generó procesos de concentración de la tierra. En concordancia con el análisis de Svampa (2019) para la región latinoamericana, en Uruguay, prevalece en este período una concepción neoextractivista que, sostenida por el consenso de los commodities, buscó en el agronegocio el camino para la generación de divisas. Así, el FA llevó a cabo una política agraria que no modificó la estructura agraria y que consistió en asegurar la coexistencia del agronegocio con la agricultura familiar (Piñeiro and Cardeillac, 2017).

Este escenario estuvo marcado por serios debates debido al gran crecimiento de las IED en tierras. Los procesos de extranjerización y concentración de la tierra interpelaron a la estrategia de generación de recursos para la implementación de políticas públicas a partir de incrementar la desigualdad en el agro y la pérdida de soberanía. Así, en 2007 y luego de varias décadas de apertura a capitales internacionales, se restringe el acceso a tierras a las SA (Ley N.º 18.092–2007). Siete meses después de esta modificación, una nueva modificación flexibilizó la posibilidad de acceso a tierras a SA. lo cual evidencia que Uruguay optó por una estrategia intermedia para la promoción de las IED en el agro al impulsar mecanismos institucionales que buscaron intermediar las dinámicas de acceso a tierras por parte de SA. El estado procuró garantizar su legitimidad como espacio de gobernanza a pesar de habilitar el desarrollo de contradicciones entre la soberanía territorial, los actores agropecuarios tradicionales y los nuevos actores que acaparan tierras. La modalidad adoptada implica la solicitud de las SA al MGAP para acceder a la titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. El resultado concreto de esta modificación fue la aprobación por parte del MGAP, mediante resoluciones madres (RM) o fictas (RF),⁴ para que las SA inicien las gestiones pertinentes para acceder a 7M ha entre 2007–2020.⁵ La solicitud de acceso da cuenta del interés de las SA para acceder a tierras y la aprobación confirma la autorización del MGAP para concretar la transacción, pero no necesariamente implica que la transacción finalmente se haya realizado.

Entre 2007–2020 el MGAP recibió más de 1.900 solicitudes por parte de SA para ser titulares de tierras y explotaciones agropecuarias en Uruguay. El 12% de las solicitudes aprobadas (20% de la superficie aprobada) ha sido mediante RM, indicando un peso considerablemente superior de las RF. Entre 2007–2020 se han aprobado en promedio 0.5M ha por año, con máximos en 2015 (1.4M ha) y 2011 (1.1M ha). Entre 2010–2016 las RF representaron más del 95% de las resoluciones totales y entre 2017–2019 el 64%, indicando para este segundo período el arribo de nuevas SA o cambios significativos en las SA ya presentes. Como sostiene Moreda (2020), el rol del estado en las adquisiciones de tierras ha generado importantes debates sobre la autoridad estatal, la gobernabilidad y la propiedad. Wolford et al. (2013), destaca la necesidad de conocer en profundidad la naturaleza de los estados, las motivaciones de actores particulares y la capacidad de los gobiernos y las culturas políticas que dan forma al camino de la política a la práctica. El estado uruguayo siguiendo la orientación dominante del progresismo latinoamericano, buscó la atracción de las IED como estrategia de fortalecer la economía local. En este proceso, y en un contexto de crecimiento de los precios de los commodities, las SA fortalecen su presencia en la región gracias a que el estado no implementó una política firme de control y regulación del acaparamiento de tierras. La intensidad de las acciones de la SA aceleró el acaparamiento y la extranjerización de tierras.

Las solicitudes indican una orientación mayoritaria hacia la actividad forestal (más del 80% de la superficie) (Figura 3), seguida de la actividad agrícola, y en ambos casos integradas a la actividad ganadera. La forestación en Uruguay ha tenido un fuerte apoyo público-estatal con políticas contundentes para asegurar el crecimiento sostenido del sector, y para facilitar la instalación de tres plantas de pasta de celulosa. Dado que la instalación de plantas de celulosa se realiza en zonas francas (Botnia-Fray Bentos SA y Punta Pereyra SA), la producción forestal en tierras uruguayas tiene como principal destino la exportación de madera como “troncos” hacia plantas industriales en zonas francas. En este sentido, la producción forestal uruguaya es un nuevo commodity desde finales del siglo XX que, pese a haber dinamizado la economía nacional e incrementado el PBI agropecuario, ha contribuido en la “primarización” de las exportaciones.

Figura 3

De la totalidad de las solicitudes aprobadas, el 80% de la superficie corresponde a 8 SA (Tabla 2). La SA con mayor superficie solicitada es Forestal Oriental SA (UPM-Kymmene Corporation), empresa de capitales finlandeses, orientada a la producción forestal para producción de pasta de celulosa (3.6M ha solicitada; 51% de la superficie total solicitada; 25% de la superficie agropecuaria de Uruguay). Seguidamente se encuentran: Eufores SA/Stora ENSO SA/ARAUCO SA (Montes del Plata), empresas de capitales Suecos/Finlandeses/Chilenos, también orientada a la producción forestal para producción de pasta de celulosa (13% de la superficie total solicitada). En tercer lugar, se sitúa UNION AGRICULTURE GROUP (UAG SA), de capitales EEUU/Canadá/Francia y que opera en varios rubros agrícolas y ganaderos (5.3% de la superficie total solicitada). A la predominancia de los capitales de origen finlandés de las SA anteriormente mencionados le siguen los capitales de origen de EE. UU, Suecia, Argentina, Chile y Uruguay, todos en el entorno del 5% (Figura 4).

Figura 4

Las estrategias empresariales para la acumulación (modelos de negocio) de las SA que operan en Uruguay presentan un conjunto de características comunes: integración vertical del capital, acumulación a través de la producción de commodities, y modelo de producción en grandes extensiones de monocultivos a través de un alto consumo de insumos. Siguiendo a Gras y Sosa (2013), se resumen las principales estrategias de las SA forestales en los siguientes puntos: la principal actividad es la producción de commodities pero se suman la valorización y venta de inmuebles rurales en los últimos años; la acumulación se realiza mediante la producción pero también con la inversión en tierras; predomina la propiedad como forma de tenencia; y finalmente, es una actividad con un vínculo estrecho con el capital financiero. En el caso de las SA orientadas a la agricultura, la principal actividad es la producción de commodities pero destaca también la oferta de servicios y la valorización de tierras; la propiedad de la tierra tiene menor peso que en SA forestales y las formas de organización suelen ser más complejas y dinámicas; las SA agrícolas optan por una diversificación territorial y de rubros, y se identifica una participación creciente del capital financiero. Destaca adicionalmente la participación de varias SA en otras ramas de la economía, por ejemplo, en el sector frigorífico cárnico (p. ej. Grupo Pérez Companc), sector lácteo, producción de aceite y vinos, y turismo (ej. Grupo Bulgheroni) y la producción de energía (ej. Galofer SA y UPM) entre otras.

En síntesis, en el período 2007–2020 el MGAP aprobó solicitudes que en conjunto equivalen a más del 40% de la superficie agropecuaria del país, y donde el 80% ha sido solicitada por 8 SA. El rol activo del estado posibilitó el ingreso de empresas forestales y agropecuarias que, con diferentes modelos de negocio, lograron consolidarse y expandirse por el territorio uruguayo. Una primera interpretación de la estrategia del estado uruguayo indica un procedimiento que intentó no parecer indiferente frente al avance de la financiarización y las grandes corporaciones en el agro, así como tampoco de los impactos de la extranjerización y concentración de la tierra. Sin embargo, dicha estrategia no tuvo intención de limitar la expansión de estos nuevos agentes. Retomando el planteo de Borras et al. (2012b), se evidencia el rol contradictorio del estado uruguayo dado que fomenta la acumulación mientras intenta mantener legitimidad política. Se cumple también el fenómeno de presencia de SA en varias ramas de la economía. De forma contraria, se registran dos elementos distintivos del caso uruguayo frente al resto del continente. El primero refiere a la ausencia de modalidades de acceso a la tierra por vías no legales o violentas, y el segundo a que la expansión de las SA no implicó una expansión de la frontera agropecuaria por territorios campesinos o indígenas. En el caso uruguayo, la expansión de las SA implicó una retracción de los territorios de los productores pequeños y medianos tradicionales, alterando la dicotomía latifundio–minifundio del siglo XX, consolidando el capitalismo agrario sobre una estructura capitalista débil. Este conjunto de factores emerge como principal explicación de la ausencia de conflictos intensos y duraderos por el avance de las SA en el territorio uruguayo.

Finalmente, destaca como resultado que el estado uruguayo ha promovido el ingreso de SA con el objetivo de mejorar las cuentas nacionales. S.A que han operado dentro del marco legal (con reglamentaciones oportunamente modificadas para legitimar el proceso) y sin generar niveles altos de conflictividad.

3.3. Efectos de las estrategias institucionales: concentración y extranjerización

De la totalidad de la superficie comercializada entre 2000–2020, el 54% corresponde a compradores que no son personas físicas y el 8% a compras de extranjeros (DIEA, 2020). El último censo indicó cambios importantes entre los propietarios de tierra entre 2000 (90% uruguayos) y 2011 (49.6% uruguayos) (DIEA, 2014). Los mayores valores de propiedad de extranjeros y SA se encuentran en la zona central del país con predominio ganadero/agrícola/forestal y los menores valores en la zona sur con agricultura familiar orientada a la producción de alimentos (Figura 5), (Fernández-Nion, 2021).

Figura 5

Las 8 SA que gestionan mayor superficie reúnen 1M ha y las primeras 20 SA 1.5M ha (10% de la superficie productiva del país). Estos valores muestran el importante peso relativo de las transacciones de las SA y de las personas físicas extranjeras sobre el total de compraventas de tierra en Uruguay. Queda en evidencia que se realizan adquisiciones en todo el país, pero con mayor magnitud en zonas latifundistas ganaderas, y en zonas de tradición agrícola (litoral oeste) (Figura 5). Se destaca la fuerte asociación entre las adquisiciones de grandes superficies y la extranjerización de tierras, y que ambos procesos son liderados por SA. Si bien el acaparamiento en Uruguay no se reduce a inversores transnacionales (Oyhantçabal and Narbondo, 2019), las solicitudes para nuevas adquisiciones son abrumadoramente superiores en SA de capitales foráneos. Resultados concordantes con lo planteado por Borras et al. (2012b) sobre el estrecho vínculo entre los procesos de concentración, acaparamiento y extranjerización.

Figura 6

El origen de las SA que operan en Uruguay (Figura 6) marca una diferencia con el patrón regional de las inversiones identificado por Borras et al (2012b) para Latinoamérica. A partir de 1990 las inversiones han sido principalmente extraregionales para el rubro forestal (REDES_AT, 2012) y regionales para la agricultura (Figueredo, Guibert and Arbeletche, 2019). Luego de 2007, predominan las inversiones extraregionales y la permanencia de pocas aunque imporantes SA regionales, principalmente de origen argentino. Es posible asumir, a partir de las solicitudes realizadas para adquirir nuevas tierras/explotaciones (Figura 4), que la predominancia de capitales extraregionales tiende a profundizarse.

El arribo de las SA además de vincularse con los procesos de compraventa y arrendamientos de tierras, se vincula estrechamente con dos fenómenos recientes en el agro uruguayo que dan cuenta de la complejidad del entramado del capital financiero que compone estas SA. El primero refiere al arribo de capitales de fondos de inversión, fondos de pensiones y fideicomisos. A través de fideicomisos financieros participan un conjunto de administradores donde destacan TMF Uruguay, Wintherbotham, Trust y el que acumula mayor superficie, EF-Asset Management (80.000ha). Destaca Agriculture Investments Uruguay Sicav-Sif, con sede en Luxemburgo,⁶ principal fondo con capital financiero que canaliza inversiones de ciudadanos alemanes y controla 10.541ha destinados a la actividad agrícola-ganadera (accionista de las empresas: Fort Blue, Rospen, Nogalito, Do Komet, Do Merkur Agri, Do Sky y Do Falke). Por su parte, Global Forest Partners, fondo de inversiones estadounidense que administra fondos de pensiones a nivel global, participa en la actividad forestal a través de las SA El Arriero, Oro Verde, Tierra Verde, Tekoayhu. Se suman a estos fondos la empresa forestal Lmat, subsidiaria de Liberty Mutual, importante aseguradora de Estados Unidos, que maneja 37.007ha. Se encuentran también en este grupo diversos fideicomisos que pueden ser diferenciados en tres grupos: a) principalmente forestales, donde destacan la serie Bosques del Uruguay,⁷ Montes del Este⁸ y Bosques de Serranías;⁹ b) principalmente agrícolas-inversores, donde destacan Campos Sustentables,¹⁰ Tierras Irrigadas¹¹ y Tierras del Litoral¹² y c) principalmente especuladores, como por ejemplo Tierras del Uruguay.

El segundo fenómeno refiere a la inversión indirecta por parte de estados extranjeros. Se identificaron al menos 10 estados que invierten en Uruguay a través de una SA. En las dos principales empresas forestales que operan en Uruguay se registran acciones pertenecientes al estado finlandés. Como señalan Borras et al. (2020), detrás del acaparamiento de tierras existe una estructura compleja compuesta por múltiples actores. En el caso de Forestal Oriental/UPM, se expresa en la presencia de inversores institucionales y financieros dado que la mayoría de sus acciones pertenecen a bancos y empresas de servicios financieros, tales como Skandinaviska Enskilda Banken, Citibank, Clearstream y Euroclear, y también están presentes fondos de pensión y seguros privados, como ser Varma, Ilmarinen, Elo Mutual; y el gobierno finlandés, a través de The State Pension Fund.¹³ Dentro de los accionistas de Stora Enso (parte del consorcio de MDP) se encuentra Solidium, empresa inversora del estado finlandés. Destaca además el caso de la empresa NZFSU que maneja 25.000ha dedicadas a la producción de lácteos. NZFSU pertenece al Grupo OLAM, donde el 51,1% de las acciones pertenecen a Temasek, Fondo Soberano de Inversión de Singapur. Por otro lado, COFCO, compañía estatal China, a través de la compra del grupo Noble controla las tierras manejadas por Evera. El gobierno chino también es accionista en UAG¹⁴ mediante la empresa Chengdong Investment Corporation, subsidiaria del fondo soberano de inversión China Investment Corporation, al igual que el gobierno alemán, a través de la institución financiera de desarrollo Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, subsidiaria del banco KFW (Amesti and Costable, 2020). El 30.55% de las acciones de Minerva Foods pertenecen a Saudi Agricultural And Livestock Investment (Salic), subsidiaria del Fondo de Inversión Público del Reino de Arabia Saudita, con lo cual está vinculado a Lytmer SA¹⁵ y a los frigoríficos PUL, Carrasco y Canelones. Finalmente, Ladelux, Kelizer y Adecoagro-Uruguay SA, son subsidiarias de Adecoagro SA cuyo principal accionista es el Fondo Soberano del gobierno de Qatar, Qatar Investment Authority. Otros ejemplos pueden encontrarse para inversiones indirectas desde Japón (Breeders and packers Uruguay, de NH Foods Group)¹⁶ y Noruega (Norges Bank: Ence, Iberpapel, UPM, La Escalera-Kanematsu Corporation).¹⁷ La consolidación de las SA determina el control de tierras por nuevos actores que, utilizando instrumentos financieros recientes, generan una configuración empresarial compleja y dinámica, con alta variabilidad y volatilidad de las estructuras empresariales. Estos factores implican un gran desafío por su complejidad, y requieren la actualización constante de los datos de la SA de acuerdo al dinamismo en la superficie controlada así como en la estructura interna de las empresas. En este artículo se realiza el análisis a partir de datos actualizados al año 2020, pudiendo existir posteriormente transacciones que cambian las superficies controladas y configuración interna de las S.A.

Los procesos de ingreso de capitales extrarregionales en Uruguay presentan algunos rasgos particulares. Primero, las operaciones realizadas son pequeñas en el contexto regional salvo las inversiones en plantas de celulosa realizadas en zonas francas. Segundo, el arribo y la expansión de estas compañías se realiza dentro del marco legal vigente. Tercero, optan por actividades de bajo riesgo, aunque eso implique bajas tasas de ganancias. Estos elementos sugieren la hipótesis de que los inversionistas optan por una estrategia de ocupación que responde a una serie de aspectos geopolíticos para consolidar su presencia en el Cono Sur, más que una estrategia exclusiva de obtención de altas tasas de ganancia.

Queda en evidencia la existencia de procesos de acaparamiento de tierras en Uruguay, incluso considerando la definición acotada de Gómez (2014) que indica como requisito la inversión de estados extranjeros. Se confirma además la presencia de procesos de financiarización, al constatarse que varios fondos y fideicomisos operan de forma directa o indirecta.

Los resultados reafirman que el arribo de las SA intensificó los procesos históricos de concentración y profundizó la tendencia a la extranjerización de la tierra. Además, posibilitó el arribo de capitales financieros que han potenciado los procesos anteriormente mencionados, alejándose de los principios de redistribución de la tierra. Estos procesos sumados a la tendencia al alza del precio de la tierra incrementaron la dificultad de acceso a la tierra y, por tanto, son nuevos factores que consolidan la desigualdad social y la concentración. El contexto identificado tiene gran similitud con lo descripto por Kay (1998) y Borras et al. (2007) quienes plantean que durante la “fiebre por la tierra” se registró una tendencia a que las políticas de redistribución de la tierra dejaran lugar a las políticas de reconcentración, lo cual ha generado un nuevo impulso para los procesos de contrarreforma agraria.