Abstract
Actualmente en Chile, se encuentra en su segundo trámite constitucional, un proyecto de ley que pretende establecer derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sancionar la violencia gineco-obstétrica. La violencia gineco-obstétrica es una de las formas de violencia contra las mujeres más invisibilizada y normalizada en la sociedad chilena, tanto por aspectos culturales, sociales, económicos y políticos. En tanto que es su invisibilización y naturalización, las que permiten mantener en constante vulneración a las mujeres que reciben atenciones ginecológicas y obstétricas en Chile especialmente a aquellas más pobres y jóvenes. Un estudio realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica, organización pionera de la sociedad civil en visibilizar temáticas relacionadas a la violencia obstétrica en las instituciones de salud pública y privada chilenas, muestra que 1 de cada 4 mujeres atendidas en el sector público recibieron violencia física al interior de los hospitales, y el 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto. Por otra parte, en Chile existe una tasa promedio de 59% de cesáreas: 49% en el sistema público, y 73% en el privado, cuadruplicando la recomendación internacional. El proyecto de ley, actualmente en trámite, busca erradicar la violencia gíneco-obstétrica de nuestro país, a través del reconocimiento de los derechos de las mujeres, abordaje integral de la atención sexual y reproductiva de las mujeres, de visibilizar las condiciones actuales en que las mujeres acceden a los servicios gineco obstétricos, así como en el establecimiento de sanciones administrativas y penales en caso del incumplimiento de estos derechos. Este proyecto, fue impulsado desde la sociedad civil, por entre otros, asociaciones de usuarias, de matronas (profesionales universitarias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva), de médicas del área de la ginecología, de movimientos feministas y de derechos humanos y fuertemente apoyado por parlamentarias mujeres de diverso pensamiento político. Como era de esperar las resistencias han provenido desde las organizaciones de médicos gineco obstetras (mayoritariamente varones) excusándose en las sanciones que se promueven. Independiente del destino final del proyecto y las posibles modificaciones que pudieran surgir en lo que resta de tramitación, este ha tenido el gran mérito de visibilizar este importante tema. Es destacable, que en la formación de las y los profesionales de este ámbito (matrona/matrón), como es el caso de la escuela de obstetricia de la universidad de Las Américas, ya se está incorporando el tema de la violencia obstétrica en la malla curricular.