Abstract
Chile tiene una larga historia de salud pública que permitieron notables avances en la salud materna, la salud infantil y en la expectativa de vida de la población. Muchos de estos avances se atribuyen a la creación (1952) del Servicio Nacional de Salud (SNS) con presencia de equipos de salud en el primer nivel de atención desarrollando programas preventivos en todo el territorio.
Las reformas en dictadura militar (1973- 1990), incluyeron normas constitucionales y leyes que segmentan el sistema de salud en dos subsectores que no se complementan (público y privado), y fragmenta el SNS en varios servicios descentralizados y entrega el primer nivel de atención a los municipios.
La transición demográfica y epidemiológica, acompañada del incremento de factores de riesgo asociados a los determinantes sociales de la salud, evidencia que gran parte de la población adulta no está accediendo a servicios integrales que los apoyen en mantenerse saludables. El incremento de patologías crónicas alcanza niveles muy superiores a los de los países de la OECD. Esto ocurre tanto en el sector público donde los programas preventivos mantienen un foco materno infantil, como en el sector privado, donde no existen incentivos a la prevención.
Por ello, el Gobierno de Chile ha planteado la necesidad de Universalizar la Atención Primaria, con el fin de que todas las personas, independiente del subsector al que pertenecen, accedan a un sistema cuyo foco sea salutogénico y preventivo a lo largo del curso de vida. Lograr esto, requiere cambios legales y culturales, en el modo como funcionan ambos subsistemas. Por tanto, un importante acuerdo entre los diversos actores incumbentes que participan de la gobernanza del Sector salud.
Los primeros pasos en este proceso de reforma han consistido en la generación de un programa piloto de universalización en algunos territorios (municipios) del país, que se ha iniciado con la conformación de un Consejo Asesor Político Social para la universalización de la APS. El consejo asesor está compuesto por exministros de salud de los últimos años, que pertenecen a variadas corrientes políticas representativas de todo el espectro, por los representantes de las comisiones de salud del poder legislativo, los alcaldes, los gobernadores, los principales sindicatos de APS, el colegio médico, las escuelas de salud pública y la OPS. Se espera que este consejo alcance un acuerdo que permita apoyar los procesos de reforma legal y la sustentabilidad más allá del actual periodo de gobierno, de modo que se constituya en una política de Estado.
Las comunas pilotos han sido seleccionadas en base a un conjunto de criterios que permitan aprendizajes en distintas realidades urbanas y rurales con el fin de que sirvan de ejemplo para escalar la iniciativa a todo el país. Se espera que producto de los acuerdos y recomendaciones del consejo asesor y de los aprendizajes de las experiencias piloto, se pueda iniciar un proceso gradual de escalamiento que universalice la APS en los 345 municipios del país en un periodo no superior a una década.