El derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Chile: Avances y desafíos (2009-2012)

En 2008, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, el Convenio N.169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue, por fin, ratificado por Chile. La entrada en vigor del Convenio N.169 el año siguiente aumentó especialmente el debate acerca del derecho a la consulta reconocido en el artículo 6 del Convenio con diversas consecuencias. A nivel legislativo, la adopción de un reglamento fue debatido por las organizaciones indígenas por reducir el alcance del derecho a la consulta. A nivel administrativo, las oficinas de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) realizaron diversas consultas. Al mismo tiempo, algunas Cortes de Apelaciones empezaron a aplicar este mismo derecho en unos Recursos de Protección presentados por comunidades indígenas. Por lo tanto, este artículo examina cómo se ha reconocido y aplicado el derecho a la consulta en Chile en los últimos tres años (2009–2012) a nivel legislativo, administrativo y jurisprudencial a través el análisis de las fuentes normativas, de los actos y reglamentos administrativos y de unos de los fallos más importante en materia.

English:

In 2008, under the presidency of Michelle Bachelet, the International Labour Organization (ILO) Convention No.169 was finally ratified by Chile. Its entry into force the year after particularly fuelled the debate on the right to consultation recognized in article 6 of the Convention 169. This caused different consequences. At legal level, the adoption of a decree was contested by indigenous organizations to reduce the impact of the right to. At administrative level, some regional offices of Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) realized some consultations. During the same period, some Court of Appeals started to apply the right to consultation in Amparo cases brought before the courts by the indigenous communities. Thus, this article tackles how the right to consultation has been recognized and applied in Chile in the last three years (2009–2012) at legal, administrative and jurisprudential level. The legislative framework, administrative acts and regulations, and the most relevant case law in the subject will be thus analyzed and assessed.